Ciudad de la Luz está abocada, según la Comisión Europea, a devolver las ayudas recibidas para su construcción y puesta en marcha -hasta el año 2010-, después de queeste organismo haya insistido en considerarlas irregulares y en exigir al Gobierno español que recupere la inversión, cifrada en 265 millones de euros. El Boletín Oficial de la Unión Europea publicó ayer una extensa resolución en la que explica de manera detallada todo el proceso y argumenta las razones para declarar ilegales esas subvenciones. A partir de aquí, obliga al Estado a ejecutar esta orden en un plazo inferior a cuatro meses, así como a mantener informada a la Comisión de todos los pasos que se vayan dando para ello.
El tema en sí no es nuevo, ya que se conocía desde el mismo día en que la Comisión Europea tomó esta decisión, el 8 de mayo del año pasado. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando hizo un detalle pormenorizado de las razones por las que exige la devolución de esos 265 millones. Tras exponer todas las ayudas públicas recibidas por el complejo cinematográfico alicantino desde el mismo momento de su gestación, y aportar más de 20 condicionantes para la concesión de subvenciones según la normativa europea, el citado organismo concluye que «tanto las inversiones realizadas en Ciudad de la Luz entre 2000 y 2004 como las realizadas posteriormente no se ajustan al principio del inversor en una economía de mercado». Por esta razón, la Comisión considera que esas ayudas «constituyen una ventaja» para los estudios alicantinos.
La Unión Europea estima, en este sentido, que «la ventaja económica es la totalidad del valor de la inversión». El organismo comunitario había recabado, para llegar a esta conclusión, observaciones de diez agentes terceros interesados, relacionados con el sector audiovisual tanto en España como en el resto de Europa. Dos de ellos eran los denunciantes que originaron el inicio de este expediente, y que se mantienen en el anonimato en todo el documento, si bien se cita que ambos son «operadores destacados del sector cinematográfico de distintos Estados miembros». Cabe señalar, al respecto, que se utiliza a los estudios ingleses Pinewood y a los alemanes Babelsberg, entre otros, para comparar sus cuentas con las de Ciudad de la Luz.
Críticas al emplazamiento
Entre las alegaciones recogidas se muestran los de las estudios checos Barrandov, que critican que Ciudad de la Luz pretenda «atraer el rodaje de películas norteamericanas de elevado presupuesto y no de películas españolas». Asimismo, pone en tela de juicio el emplazamiento en Alicante de los estudios, donde hay una «escasa densidad de profesionales e infraestructuras cinematográficas». Señalan, entre otros aspectos, que los platós alicantinos optan por prestar «servicios de estudio a precios muy bajos sin tener en cuenta los costes de establecimiento».
También aparecen en el apartado de observaciones los estudios malteses Mediterranean Film, que se refieren a la zona de estanques que Ciudad de la Luz había anunciado, que a día de hoy se reduce al tanque de agua. Aseguran que en Europa «ya hay capacidad suficiente para el rodaje de superficies acuáticos». También el UK Film Council alegó que se debía dar respuesta a las cuestiones planteadas en la Decisión de incoación, lo que podría dejar entrever que a la industria cinematográfica inglesa no le hacía demasiada gracia la política de los estudios alicantinos.
Por otro lado, el informe de la CE también pone de manifiesto que la concesión de las ayudas es «selectiva», puesto que «los beneficios derivados de ella sólo confieren ventaja a las empresas que operan en el sector y, en realidad, sólo a algunas de ellas». También se hace hincapié en que «el apoyo concedido refuerza la posición de Ciudad de la Luz con relación a otras competidoras al hacer que la primera se introduzca en el mercado de los estudios cinematográficos». Esto hace que la competencia esté «falseada». Asimismo, «la Comisión considera que la medida en cuestión afecta al comercio entre los Estados miembros». De todo ello se extrae que «el proyecto otorga una ventaja económica selectiva a Ciudad de la Luz». Añade que «se financia con recursos públicos, falsea la competencia y tiene una incidencia sobre el comercio» dentro de la propia UE.
Las conclusiones del informe dicen que las ayudas a Ciudad de la Luz se han concedido «vulnerando lo dispuesto» en la legislación. «Un inversor privado no habría llevado a cabo en las mismas condiciones la inversión realizada por la Comunitat Valenciana» en el complejo, agrega. «Como consecuencia de ello, la Comisión debe considerar que la totalidad de la inversión pública en el proyecto es constitutiva de ayuda ilegal». El montante asciende a más de 265 millones de euros hasta diciembre de 2010.
La Generalitat -que canalizó las ayudas, como titular de los estudios- recurrió la decisión, alegando que el dinero fue «bien empleado» y no hubo competencia desleal. El jefe del Consell, Alberto Fabra, manifestó que la aportación «no se puede entender como una ayuda estatal, sino como la de un inversor privado dentro de una economía de mercado, que es lo que decían los estudios y auditorías previas».
