Y al noveno año, el PP dejó solo a Carlos Fabra. Ha pasado casi una década desde que, a finales de 2003, el empresario químico Vicente Vilar interpusiera sendas querellas y acusara a Carlos Fabra de cobrar cantidades millonarias a cambio de mediar ante el Gobierno para lograr la comercialización de un listado de productos. Una década de varapalos y victorias judiciales parciales, recursos y disputas entre distintas estancias que ha llevado al Supremo a enmendar la plana a la Audiencia provincial en más de una ocasión.

Y en todo este proceso, hasta la apertura de juicio oral por seis delitos de esta semana, Fabra no ha estado solo. Aunque el código ético del partido le dejara teóricamente en fuera de juego, el expresidente de la diputación y del PP de Castelló fue la excepción: ni se le apartó ni le faltó una voz que le respaldara, en la calle Génova y en la calle Quart.

Hasta ahora. El declive de la imagen pública de Fabra -acosado por los problemas judiciales y el fiasco del aeropuerto sin aviones- y la voluntad del presidente Fabra de pasar página, se han concretado esta semana. Primero, el miércoles en las Corts, con una defensa muy tibia ante la petición de destitución de EU. Y, finalmente, el viernes, cuando se le forzó a dimitir como presidente de Aerocas, su último reducto en la esfera pública tras ser sucedido por Javier Moliner en la presidencia del PP de Castelló y la diputación.

"Fabra seguirá siendo uno de los políticos de referencia e impulso en esta provincia", vaticinaba en 2003 un recién llegado Francisco Camps a la Presidencia. No le faltaba razón. Carlos Fabra, con su apoyo prestado, sería uno de los pilares del campsismo, quien a cambio siempre le brindó el apoyo de la Generalitat.

Como cuando en julio de 2010, el juez Jacobo Pin tumbaba el recurso con el que Fabra trataba de librarse del juicio. "Tiene todo el derecho a todas las garantías jurídicas y por supuesto que le apoyamos", afirmó la entonces portavoz Sánchez de León.

Tampoco le faltaría el aliento de las máximas autoridades del PP español. El ya retirado barón provincial disfrutó durante años de la complicidad de José María Aznar. Mientras acumulaba mayorías y poder en Castelló, Fabra compartió veranos y cenas como anfitrión en Orpesa del líder histórico del centro derecha español.

Aunque no fuera lo mismo, Rajoy dio continuidad a ese apoyo al líder del PP de Castelló, hasta en los peores momentos. Para la historia quedó el cierre de filas de Mariano Rajoy en 2008, en plena investigación judicial: "Para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar", dijo un Rajoy que peleaba por consolidar su poder en el PP.

Y siempre, de forma indirecta, Génova le dio su cobertura al no aplicar un código ético incumplido desde tiempos de Aznar. Aquel texto de 1993 y vigente hasta 2010, establecía la puesta del cargo a disposición del partido ante cualquier procedimiento jurisdiccional pueden derivarse indicios racionales de comisión de un delito.

No se dio por aludido. La situación de Fabra obligaba al PP a realizar malabares retóricos para excluir a Carlos Fabra de los supuestos de medidas disciplinarias. Como cuando en 2010 Rajoy lanzó su propio código en plena tormenta Gürtel. El entonces portavoz, González Pons, apuntó que no se aplicaría con "carácter retroactivo".

La dimisión de Camps por Gürtel y la llegada de Alberto Fabra le escoraron dentro de la correlación de fuerzas del PPCV y comenzó el declive de su figura, hasta el punto de que ahora nadie ha salido en su defensa. Este viernes un auto del juez de Nules le sacaba definitivamente de la esfera pública.

Se enfrentará a un tribunal profesional

A diferencia del último juicio mediático, el de los trajes, en el que fueron absueltos Camps y Ricardo Costa, al expresidente de Aerocas, Carlos Fabra, lo juzgará un tribunal profesional. En cuanto a los tiempos, a partir de ahora hay un plazo de diez días para que las defensas presenten escrito de ratificación de sus escritos de defensa. Después, la causa pasa a la Audiencia Provincial, que realiza una comprobación. Y tras esto se produce el señalamiento del juicio oral, que, según estimaciones, podría darse de aquí a 4 ó 6 meses. La Audiencia debe poder contar con al menos dos semanas libres -hay cuatro imputados, tres acusaciones, testigos y una documental muy importante- con lo que no será fácil encajar este proceso en el calendario.