La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) valoró ayer el memorándum de entendimiento que garantiza la permanencia del trasvase Tajo-Segura al considerarlo "estratégico" y que próximamente firmarán la Comunitat Valenciana, Murcia y el Gobierno central. No obstante, la federación advirtió de que el documento es "sólo un primer paso" y de que los regantes "velarán por su cumplimiento".

El vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura y Agua, José Císcar, quien el viernes reveló que la acción de los regantes y de los gobiernos valenciano y murciano había logrado reducir de 600 a 400 hectómetros cúbicos la reserva estratégica de los embalses de Entrepeñas y Buendía, explicó ayer a los miembros de la junta directiva de Fecoreva los términos del memorándum. Entre otras propuestas, el documento, en el que no participa la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, agente clave en esta cuestión, plantea la posible derogación de la llamada "cláusula Narbona", que establecía que el agua procedente de las desalinizadoras del Programa Agua se restaría de las aportaciones de caudales del Tajo-Segura.

A este respecto, Fecoreva manifestó ayer que velará por el cumplimiento de este memorándum, que "garantiza la supervivencia de un trasvase estratégico no sólo para la Comunitat Valenciana, sino para toda España, ya que de él dependen 180.000 empleos y más de 147.000 hectáreas de regadío".

Según el presidente de la federación, Benjamín Aparicio, "al final, como no podía ser de otra manera, se ha impuesto el sentido común, porque todavía continúan vigentes los principios que guiaron a los impulsores del trasvase: promover una agricultura de exportación con elevados rendimientos y numerosos puestos de trabajo, al tiempo que se paliaban los gravísimos problemas de abastecimiento general que históricamente ha tenido la cuenca del Segura".

No obstante, puntualizó que este acuerdo, que ha sido "muy bien acogido" por los regantes, en realidad "es sólo el primer paso de los que sean necesarios para garantizar plenamente los derechos de los usuarios de una infraestructura estratégica e imprescindible para el conjunto del Estado".