El aeropuerto de Castelló cumple hoy de forma oficial sus primeros dos años de vida con más incertidumbre si cabe acerca de su futuro inmediato. La renuncia del presidente de Aerocas y uno de los principales impulsores de la infraestructura desde sus orígenes, Carlos Fabra, siembra nuevas dudas sobre el desenlace del proceso de venta en que se encuentra inmersa la instalación.

Pese a que el Consell ha ratificado por activa y por pasiva en las últimas jornadas que el adiós de Fabra, después de que el viernes el Juzgado de Instrucción nº 15 de Nules decretara la apertura de juicio oral contra él por dos delitos continuados de cohecho y tráfico de influencias y otros cuatro más de fraude fiscal, no afectará al futuro del aeropuerto, el hecho de que el consejo de administración de Aerocas quede acéfalo genera nuevas dudas. Al menos hasta el miércoles, cuando está previsto que el Consejo de Administración de la sociedad pública acepte la dimisión de Fabra y designe al vicepresidente del Consell y portavoz, José Císcar, como nuevo responsable de la entidad.

Aunque el dirigente cuenta con la confianza plena del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, la transición se produce en un momento especialmente delicado, justo en pleno proceso de negociación para culminar la operación de compraventa de un aeropuerto cuya entrada en servicio se había fijado ahora para mediados del próximo mes de octubre.

Historia convulsa

Los cambios en la cúpula de Aerocas suman una nueva polémica a la larga lista de desencuentros y anécdotas que han jalonado la corta historia de esta infraestructura y de su gestión, tanto económica como política. Sin ni siquiera haber entrado todavía en funcionamiento, desde que se inició su puesta en marcha no ha parado de generar noticias sobre sus usos, costes y problemas.

Desde la inauguración a cargo de los entonces presidentes de la Generalitat y de la Diputación de Castelló, Francisco Camps y Carlos Fabra, respectivamente, el presente y el futuro de la instalación no han pasado de ser inciertos desde todos los puntos de vista. Tras agotarse el plazo para que se presentara el aval bancario por parte de una empresa hispano-libia interesada en la compra de la infraestructura sin que éste se hiciera efectivo, el grupo inversor perdió la exclusividad y ahora la Generalitat Valenciana quiere tomar las riendas del proceso. Mientras se esclarece cómo se gestionará finalmente el aeródromo, Aerocas continúa trabajando en la certificación de la infraestructura, en la cual ya se han realizado las pruebas aéreas para la obtención de la carta de vuelo.