Hecha la ley, hecha la trampa. El PP se embarcó a finales de año en una reforma del Reglamento de las Corts, que culminó el pasado 21 de febrero en el pleno, para suprimir hasta seis comisiones inactivas de la Cámara que eran objeto de constante polémica, toda vez que los diputados perciben un complemento mensual por pertenecer a las mesas de comisión o ejercer de portavoz en ellas de 584 euros brutos. Los populares incluso vendieron el ahorro que comportaba la medida. Sin embargo, tal como anticipó este periódico, PP y socialistas han burlado las supuestas economías al reubicar en otras comisiones a los parlamentarios que percibían el plus por alguno de los órganos suprimidos (sólo se cobra uno aunque se esté en más comisiones). A Compromís y EU no les afecta porque, al contar con pocos diputados, estos tienen que multiplicarse y ya cumplían el requisito. De paso, el PP ha aprovechado la reorganización de comisiones para buscar acomodo al exconseller Rafael Blasco como portavoz «en materia de políticas de Ordenación del Territorio».
Blasco dimitió en octubre como síndico del grupo a raíz de que el TSJCV lo imputó en el caso Cooperación, el presunto desvío de fondos destinados al tercer mundo durante su etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad. El cargo permitirá a Blasco cobrar los citados 584 euros mensuales tras su salida de la portavocía. El popular conoce al dedillo la materia: Fue conseller de Obras Públicas con el Gobierno del socialista Joan Lerma hasta su destitución a finales de 1989 por el llamado caso Blasco, el supuesto amaño en la venta de una parcela de la empresa pública Ivvsa en Paterna. Ya entonces Blasco se sentó en el banquillo aunque el caso fue archivado al anularse las grabaciones, principal prueba. Ya con el PP, entre las diversas carteras que ocupó, se encuentra la de Territorio y Vivienda, entre 2003 y 2006, donde impulsó la legislación urbanística y la proliferación de PAI en la C. Valenciana.
La designación como portavoz de Territorio del grupo comporta un cargo de representación del PP pese a la «doctrina Fabra» de apartar de los puestos de responsabilidad a los diputados imputados. Sin embargo, la línea de las dimisiones la sitúa en la dirección estricta del grupo pero no en las portavocías sectoriales. Varios imputados han mantenido durante la legislatura puestos como portavoces: Ricardo Costa (Economía), Yolanda García (Comercio), David Serra (Obras Públicas) o Milagrosa Martínez (Peticiones). Otros se lo han encontrado ahora, caso de Blasco, al dimitir como síndic, o como consecuencia de su recolocación por la eliminación de comisiones. Es la situación del exconseller Vicente Rambla, presidente de la comisión de Nuevas Tecnologías y Sociedad del Conocimiento, uno de los foros suprimidos, que ha sido designado portavoz sobre «políticas de Derechos Humanos». Igualmente, la exconsellera Angélica Such, apartada de la Mesa de las Corts, es la portavoz en la comisión de Reglamento.
El PP eliminó, además de la comisión de Nuevas Tecnologías, otras cinco: Desarrollo del Estatuto de Autonomía; Política Lingüística; Mujer e Igualdad; Derechos Humanos y Tercer Mundo; y Seguridad Nuclear. La extinción de estos órganos ha condicionado cambios de destino para que nadie pierda el plus: El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, era vicepresidente de la de Derechos Humanos y Tercer Mundo. Ya en noviembre, con vistas a la eliminación de estos foros, se le designó portavoz de Administración Pública. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que vicepresidía la comisión de Desarrollo Estatutario, fue nombrada portavoz en la del Estatuto de los Diputados, la comisión disciplinaria, que no se reúne casi nunca.
Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, era vicepresidenta de la comisión de Seguridad Nuclear. Sin apenas presencia. No acudió a la última visita de los comisionados a Cofrentes. La comisión de Asuntos Europeos „que sólo ha mantenido dos reuniones de trabajo en la legislatura„ se citó el 13 de diciembre para designarla vicepresidenta y así amarrar el plus. Igualmente, la exconsellera Trinidad Miró, presidenta de la de Política Lingüística, ha pasado a asumir la portavocía de Cultura. La alcaldesa de Ibi e investigada por supuestas cuentas en Suiza, Mayte Parra, vicepresidenta de Nuevas Tecnologías, será la portavoz popular de Política Lingüística.
Ahorro cero
También el PSPV ha tenido que cambiar de destino a varios parlamentarios para asegurarles el plus. Es el caso del exsecretario general, Jorge Alarte. El exlíder socialista, que dejó la portavocía de grupo al perder el congreso de Alicante en marzo de 2012, pasó a ser portavoz del PSPV en la comisión de Desarrollo Estatutario. Este foro, en el que Barberá era vicepresidenta, no se ha reunido en lo que va de legislatura. La última vez, en febrero de 2011. Alarte es ahora portavoz en la comisión de Reglamento.
No es el único caso en el PSPV. Víctor Sahuquillo, secretario de Acción Electoral, era portavoz socialista en Nuevas Tecnologías. Ahora se le ha reubicado como secretario de la comisión de Educación. En cambio, Alfred Boix, secretario de organización, una responsabilidad por la que el grupo lo libera de obligaciones parlamentarias, es secretario en Asuntos Europeos y no se verá afectado. Compartirá la mesa con Castedo y Serra (presidente). Quien sí ha tenido que ser realojada es la parlamentaria Ana Besalduch, portavoz en Seguridad Nuclear, que ocupará la secretaría de la comisión de Obras Públicas. Los cambios, tal como se esperaba, se traducen en que el ahorro será cero en un plus que fue una forma de vestir en 2004 un aumento salarial de los parlamentarios.
