El Consell y la Fundación Turismo Valencia desembolsaron 4 millones por tres ediciones de la Valencia Summit, los congresos para "reflexionar" sobre la importancia de que las ciudades acojan eventos deportivos, organizados por el Instituto Nóos, que dirigió Iñaki Urdangarin. Una actuación que investiga un juez de Palma al considerar que se trató de un traje a medida, que los promotores se lucraron con ello y que pudieron hincharse o duplicarse facturas. Para el Ejecutivo, en cambio, aunque hoy esa actuación "no tendría sentido", dado el contexto económico actual, sí lo tuvo entonces y las tres ediciones se celebraron entre 2004 y 2006 "con relativo éxito". "Fue rentable, una experiencia positiva que permitió la proyección y un gran posicionamiento de la C. Valenciana a nivel internacional", defendió ayer en las Corts el secretario autonómico de Turismo y Comercio, Daniel Marco.
Los foros "se realizaron" y "han dejado un buen legado", recalcó Marco, quien señaló que con la política de grandes eventos se consiguió una promoción que, de haber tenido que contratar una campaña publicitaria, "hubiera sido impagable". "El coste hubiera sido mucho mayor que la inversión realizada", dijo. Marco compareció en la comisión de Industria en sustitución del vicepresidente del Consell, José Ciscar, ante las protestas de la oposición, que había citado al número dos del Ejecutivo. Aunque el enfado fue mayor por que el alto cargo leyó sus tres intervenciones, la inicial, que le ocupó 7 minutos y diez segundos, la réplica (5' 50''), y la contrarréplica (3' 50''), sin responder a las cuestiones planteadas por la oposición y con afirmaciones como que toda la documentación es "pública y está al alcance" de los diputados, cuando éstos denuncian que no se les entrega, o que los datos avalan que los foros fueron "una realidad transparente y pública" y que el Tribunal de Cuentas "encontró justificados todos los gastos".
Eso sí, también apuntó que en esa política de eventos para "poner a Valencia en el mapa mundial" hubo "luces y sombras", "éxitos y fracasos" -una autocrítica que "celebró" el popular Ricardo Martínez-, aunque es momento de "mirar adelante".
Alperi avala Blanco frente a Bellver
"Me entran ganas de tirarle los papeles a la cara, igual que le tiraron un zapato a Bush", le espetó Ignacio Blanco, de EU. La bronca llevó al PP a pedirle que retirara sus palabras "por incitar a la violencia" o que el presidente de la comisión, el popular Luis Díaz Alperi, lo llamara al orden.
Pero Alperi descartó hacerlo al entender que, aunque Blanco fue "poco elegante", "no ha incitado a la violencia". No lo vio así después el portavoz del PP, Jorge Bellver, quien aludió a Blanco para lamentar "el lenguaje guerracivilista de la oposición". Eva Martínez (PSPV) señaló que la relación con Nóos ha puesto Valencia "en el mapa de la corrupción y la ruina" y Fran Ferri, de Compromís, criticó que Camps y Barberá "abrieron la puerta" a los que "saquearon" la C. Valenciana.
La oposición ha preguntado qué acciones se han adoptado ante los responsables políticos que "entregaron cuatro millones de euros a la trama corrupta" del Instituto Nóos y ejercieron como "padrinos políticos", y ha augurado que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acabarán imputados en este caso.
La oposición ve «indecente» el plus a Blasco y lo achaca a la «debilidad» de Fabra
Una "indecencia política", consecuencia de "un presidente débil" y que desmonta la tesis del presidente Alberto Fabra de que ha apartado a todos los imputados de sus responsabilidades. La oposición censuró ayer la decisión del PP, adelantada por Levante-EMV, de nombrar a Rafael Blasco como portavoz de Territorio en las Corts, lo que le garantiza un plus mensual de 584 euros, pese a su imputación en el caso Cooperación. Por contra, el portavoz del PP, Jorge Bellver, justificó la decisión en que en el grupo popular todos los diputados son portavoces o miembros de mesas de comisiones, requisito para acceder al citado complemento de las Corts. Pero no es así, ya que el expresidente Francisco Camps, con plaza en el Consell Jurídic, no desempeña ninguna responsabilidad en el grupo, con lo que se trata de una decisión para asegurar la mejora salarial.
El nombramiento, que ha trascendido ahora, lo formalizó el PP el 31 de enero, con vista al inicio del periodo de sesiones, el 1 de febrero. El socialista Antonio Torres lamentó que esta es "solo una parte de las continuas contradicciones" de Fabra, quien "no quiere a ningún imputado como responsable orgánico del PP, pero permite que tengan responsabilidades en las Corts". Mònica Oltra, de Compromís, indicó que "un presidente débil" como Fabra "no puede ni quiere deshacerse de las tramas de poder ligadas a la corrupción dentro del PP". "Blasco gobierna 'por cajones'" en l PP, aseveró. Marga Sanz, de EU, lo calificó de "indecencia política" y censuró que se "premie" a Blasco con una portavocía "cuando debería estar fuera del grupo y de las Corts".
Bellver defendió que la designación de Blasco "no rompe ningún criterio" sobre los imputados, e indicó que todos los diputados son portavoces "en función de sus conocimientos o su experiencia".
