El sueño urbanístico de la nueva Ciudad deportiva del Valencia CF en Riba-roja deberá esperar tiempos mejores. Como mínimo hasta 2015 o, incluso, hasta 2017. Se trata de una de las últimas decisiones adoptadas por el presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, 21 días antes de dimitir. El dirigente valencianista presentó el 15 de marzo, en representación de la empresa Litoral del Este SL, un escrito ante el Ayuntamiento de Riba-roja para solicitar la "suspensión temporal del programa de actuación integrada (PAI) Masía de Porxinos" durante el plazo de dos años. De esta manera, la mercantil creada por el Valencia CF para edificar su ciudad deportiva se acoge a la reforma legal, aprobada por la Generalitat en 2011, para permitir la paralización provisional de los planes urbanísticos. La suspensión temporal por dos años se puede prorrogar por dos más.
El Ayuntamiento de Riba-roja está por la labor y ya ha emitido un informe de la secretaria y arquitecto municipal en el que considera "razonable" la argumentación del Valencia CF y acepta tramitar la solicitud, que podrá salir adelante con la mayoría absoluta que ostenta el alcalde de la localidad, Francisco Tarazona. No obstante, la paralización del PAI deberá pasar antes un trámite de información pública y un plazo de alegaciones, en las que el ayuntamiento deberá escuchar "a todos los propietarios".
La principal razón que alega el Valencia CF para suspender el PAI de Porxinos es el retraso en el pago de las primeras cuotas de urbanización por parte de la veintena de pequeños propietarios afectados por el PAI (aunque la mayor parte de los terrenos están en manos del Valencia CF), que sólo pueden pagar estas cuotas en metálico (y no en terrenos), según reza el convenio suscrito para impulsar Porxinos. Por ello, arguye el Valencia CF, "la iniciación de las obras constituye un grave riesgo económico y el recurso a entidades financieras es inviable".
