Se encerraron en una sala más de una veintena de cargos públicos y representantes agrarios durante 94 minutos y afuera quedaron escoltas, periodistas y funcionarios. Así empezaba la esperada cumbre sobre la inseguridad en el campo valenciano. Y para saber cómo acabó, vale la pena oír el resumen posterior de uno de los participantes en el encuentro a puerta cerrada: "Está bien, pero seguimos diciendo lo mismo de siempre y no hemos hecho avances". Es una opinión. Los hechos, asimismo, corroboran que no hubo anuncio de un plan de choque rural con gran despliegue de guardias civiles destinados en exclusiva a vigilar el campo.
El único refuerzo policial cuantificable lo anunció el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, al señalar que la Policía Autonómica va a crear un nuevo grupo policial denominado Seguridad en el Ámbito Rural (SAR) formado por 60 agentes -dirigidos por un inspector autonómico y tres subinspectores provinciales- que se pondrá en marcha de forma "inmediata" gracias a los 96 policías nacionales que se incorporarán a la llamada policía adscrita de la Generalitat. "Más presencia [policial] en los campos es fundamental" y "nosotros hemos hecho concreciones importantes", subrayó el conseller.
No puede decirse lo mismo del Gobierno central. El secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, ya lo sugirió en la rueda de prensa posterior al acto: "Lo importante hoy no era tanto lo que nosotros pudiéramos contar, sino escuchar a los representantes del sector, que nos trasladaran sus demandas y sus preocupaciones". Ese paso, en principio, se creía ya superado después de la muerte de un vigilante de naranjos en Cheste, del agravamiento de la oleada de robos y de la campaña de alertas por la inseguridad encabezada por AVA y La Unió y que se palpa en todos los municipios.
Más allá de las enésimas declaraciones vagas en favor de la coordinación policial, la colaboración ciudadana y la conveniencia de la denuncia, el secretario de Estado anunció que "la Comunitat Valenciana será la primera autonomía en contar con una herramienta denominada mapa de cultivos, que va a permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conocer en cada momento dónde se emplazan los cultivos, cuál es su estado de maduración de cara a la recolección y, por tanto, priorizar el desplazamiento de efectivos en función de ese mapa de cultivos". El pequeño detalle omitido es que este mapa de cultivos que se presentará en breve ya se anunció el 31 de julio de 2012, hace ocho meses y medio. La novedad, en todo caso, es que este mapa servirá de experiencia piloto para, a la vista de los resultados, implantarla también en el resto de España.
"Sinergias" indirectas
Otra de las medidas tangenciales que según Francisco Martínez reforzará la seguridad en el campo -para cosechas, granjas, casetas, chalets, pozos, instalaciones- es el inminente plan de lucha contra el robo en viviendas. Ese programa, dijo, "va a suponer el desplazamiento de efectivos de la Guardia Civil en el medio rural que, evidentemente, también van a luchar contra los robos en explotaciones agrarias y ganaderas". "Sinergias", lo definió el número dos de Interior. En los términos municipales de extensión normal, y más todavía en gigantes en superficie como Morella (413 km2), Enguera (241 km2) o Moixent (170 km2), se hace difícil entender cómo puede vigilarse al mismo tiempo las viviendas del casco urbano y los caminos rurales que llevan a los huertos de la periferia.
El secretario de Estado de Seguridad aludió a otras mejoras: los endurecimientos del nuevo Código Penal -que compete al Ministerio de Justicia y no a su depatamento y cuyo contenido ya se conocía-; el impulso de planes municipales de delincuencia; las celebraciones de juntas locales de seguridad con una periodicidad quincenal; el plan nacional contra el robo de cobre que será presentado la próxima semana; o que el Seprona, el servicio aéreo y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil puedan tener, en el marco de sus competencias, "una involucración especial para garantizar la seguridad en el ámbito rural". Pero medidas específicas del Gobierno y dirigidas en concreto para la Comunitat Valenciana, resoluciones adoptadas en las últimas semanas como consecuencia de la alarma generada, no hubo ninguna.
Preguntada por si habría aumento de agentes que vigilen el campo, Sánchez de León respondió que los 60 policías que pondrá la Generalitat es "una medida muy importante que cumple las expectativas generadas en términos cuantitativos". Sin embargo, tanto ella como el secretario de Estado insistieron en que la reunión iba "mucho más allá de lo cuantitativo".
Tras la reunión, ni Cristóbal Aguado, presidente de AVA, ni el presidente de La Unió, Ramón Mampel, se mostraron decepcionados con el resultado de la reunión. Aguado incluso se mostró confiado en que "se está avanzando" para solucionar la lacra de los robos.
