El responsable de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana, el general jefe Fernando Santafé, ha ordenado la desconexión de todas las cámaras de videovigilancia instaladas en los calabozos y centros de detención valencianos. Santafé ha advertido en un comunicado de que las grabaciones en el interior de los cuarteles carecen de cobertura legal y pueden vulnerar la ley de Protección de Datos. Las cámaras se instalaron para controlar a los detenidos y prevenir denuncias falsas de malos tratos.
De momento, Santafé ha ordenado parar los sistemas de grabación de inmediato. El escrito firmado por el general jefe incide en que "la grabación, almacenamiento y gestión de las imágenes en los centros de detención y los calabozos de los acuartelamientos del cuerpo no tienen amparo jurídico porque carecen de un fichero específico". El general jefe apunta en el escrito que el sistema de videovigilancia tiene que estar debidamente declarado a la Agencia de Protección de Datos de conformidad con la normativa que garantiza el tratamiento de información de carácter personal.
"Por ello y hasta que se realice un estudio sobre la pertinencia de la creación del fichero se recuerda que no se puede proceder a la grabación de imágenes en los citados centros de detención tanto del interior de los mismos como de la zona de acceso", insiste el mensaje remitido a todos los cuarteles. La videovigilancia ocupa el primer lugar de los sectores que acumulan mayor número de resoluciones sancionadoras de la Agencia Española de Protección de Datos.
La asociación de guardias civiles Nueva Coproper (ANP) apunta que la Guardia Civil también puede estar vulnerado la ley de Protección de Datos por las inscripciones de las indentificaciones que los agentes hace a diario de decenas de ciudadanos.
El portavoz de la ANP, Manuel Martínez, explicó que los agentes tienen órdenes de identificar cada día a un mínimo de cinco ciudadanos a los que piden datos personales como su número de teléfono móvil o su dirección de correo electrónico. Manuel Martínez añadió que los ciudadanos "son identificados de forma aleatoria y sin que sobre ellos pese sospecha alguna. El problema es que los guardias civiles no les advierten de que sus datos personales van a ser inscritos en un fichero".
