La Generalitat ha detectado un 39% de fraude en el pago de las mensualidades de los pisos público baratos que gestionaba el antiguo Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa). La cifra se ha descubierto al realizar "una campaña de inspecciones para poner en orden el patrimonio público de viviendas de la Generalitat" que, a día de hoy, alcanza las 15.156 pisos (6.514 para venta en propiedad y 7.400 para alquiler en rotación), según explicó ayer la consellera de Territorio, Isabel Bonig, en la presentación de la "Nueva Política de Vivienda" del Consell.

Las inspecciones han permitido detectar que de los 7 millones anuales que la Generalitat debería ingresar por gestionar esta red de viviendas baratas, un 39% no se cobra. Es decir que el Ivvsa, [ahora reconvertido en EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat) y responsable del parque público], ha dejado de ingresar unos 2 millones de euros anuales por parte de las personas que ocupan estos pisos oficiales sin pagar su cuota. Un dato que revela el descontrol que ha existido hasta ahora en este parque de vivienda. "La morosidad no es por la crisis. Nos hemos encontrado casos en los que llevaban 10, 15 o 20 años sin pagar por ocupar la vivienda", explicó la consellera.

Cabe recordar que se trata de alquileres a precio especial, para familias con ingresos medios de 17.000 euros anuales, que pagan mensualidades que van desde 1 euro hasta más de 250, en función de la renta familiar. De hecho, casi el 70% de los beneficiarios de estas vivendas del parque público pagan menos de 100 euros al mes por ocupar estos pisos, (cifra que incluso se puede bonificar si la situación es de precariedad extrema).

Bonig explicó que, "aunque se podía haber desahuciado a estas familias, se ha optado por proponerles la firma de actas de reconocimiento de deuda" que permiten aplazar en cinco años o 60 mensualidades el pago de las cuotas pendientes a razón de 30 euros al mes, más la mensualidad correspondiente". Desde septiembre, cuando se inició la campaña de inspecciones, se han firmado "1.718 actas de reconocimiento de deuda" lo que ha permitido "reducir en los últimos meses en un 9% la tasa de morosidad de las familias que viven alquiladas o tienen opción a compra de una vivienda pública de la Generalitat". La cifra exacta de familias "morosas" es "muy variada" porque hay quien debe pocas cuotas "pero hay quien debe 40, 50 o 60 recibos". La Generalitat no tiene previsto "ningún lanzamiento o desahucio" porque "antes se intenta llegar a un acuerdo". Donde sí que va a intentar recobrar la posesión de los pisos mediante juicios rápidos es en la ocupación ilegal de 299 viviendas del Ivvsa, "sobre todo en Alicante", por parte de personas que se han introducido en las casas sin mediar solicitud o adjudicación. "Puedo entender la necesidad -explicó la consellera- pero hay procedimientos de adjudicación que la gente debe seguir".

Territorio calcula que del total del parque público, unas 1.200 viviendas "están vacías, aunque ya se está actuando en 625: un total de 139 pisos ya se han entregado a familias necesitadas (44 para personas desahuciadas de 339 demandantes que hay en el registro), otras 121 están terminándose de rehabilitar, 299 están ocupadas ilegalmente y, del resto, algunas no son ni habitables". De hecho, existen "algunos complejos, como un caso en Novelda, que se derribará cuando se consiga desalojar unos pisos ocupados de forma ilegal", adelantó Bonig.