A perro flaco, todo son pulgas. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se ha encontrado recientemente en el buzón con una carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, con noticias de signo contrario a las que se esperan del Ministerio de Hacienda. En la misiva, fechada el 3 de abril, Beteta insta a la Generalitat a abonar a sus funcionarios interinos los trienios que este personal no percibió entre el 2001 y el 2007 pese a la existencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea en la que reconoce el derecho de estos trabajadores temporales a percibir los complementos antigüedad. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento sancionador contra el Gobierno de España por el incumplimiento de una normativa europea de 2001 y ha informado de la situación a las administraciones incumplidoras, entre ellas a la Comunitat Valenciana, que empezó a pagar los trienios a partir de 2007 cuando traspuso la directiva europea. Según la sentencia judicial, debe pagar con efectos retroactivos desde que se originó el derecho a la percepción, es decir, desde 2001 hasta 2007.

En su carta, que ha difundido la Federación de Servicios Públicos de la UGT, Beteta pone en antecedentes a Moragues y expone de forma cruda la difícil situación en la que se encuentran por haber hecho caso omiso a la norma europea. "Es bastante plausible que tengamos que asumir sanciones de carácter económico y te sugiero, si estuvierais afectados, impulsar el cumplimiento en su literalidad de la jurisprudencia citada, ya que no consideramos que haya más opciones para evitar la sanción que repercutiría negativamente en las Administraciones incumplidoras".

En principio, la sentencia, un auténtico revés para las maltrechas arcas autonómicas, afecta a todo los internos amparados por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en nómina de la Generalitat en esa época. Excepto el personal sanitario, están incluidos los interinos de la Generalitat y los docentes. En 2011, último informe de la Sindicatura de Comptes, el número de interinos ascendía a 11.000 personas, una cifra que años atrás alcanzó las 15.000 personas.

Con todo, cuantificar el impacto para las arcas autonómicas es complicado. Primero, porque se desconoce el número de personas que en su día reclamaron y, en segundo lugar, porque el derecho prescribe a los cuatro años. El complemento adeudado también es dispar. A los interinos del grupo A se les debería 42,65 euros al mes por cada trienio de antigüedad y los del grupo D, 17.90.