Entre los 116 autores que comentan todos los artículos del nuevo Estatuto, hay aportaciones sorprendentes. Una de ellas, la del portavoz adjunto del PP en las Corts hasta enero pasado, José Marí Olano, abogado del Estado, quien no duda en considerar "imprudente" el desarrollo del derecho civil valenciano que ha hecho el Consell a través de leyes como la del Régimen Económico Matrimonial, que da preponderancia al régimen de separación de bienes frente al de gananciales, la de custodia compartida y la de Uniones de Hecho.

El Estatuto de 2006 otorga al Consell competencia exclusiva en la "conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano". Y pretende conectarla invocando "la normativa foral del histórico Reino de Valencia". Marí, que critica la "foralitis" que aqueja al Estatuto, considera "inservible" esta invocación y recuerda la sentencia del Constitucional que cuestionó la capacidad a las autonomías que carecían de derecho civil escrito antes de la Constitución, con lo que el ejercicio se limitaba a las instituciones o normas consuetudinarias (arrendamientos históricos).

El legislador valenciano, se lamenta, debió hacer "un ejercicio prudente" de la competencia pero no fue así y en la primera norma, la de Régimen Matrimonial, "no se tuvo en cuenta el criterio de ningún órgano consultivo". Una "imprudencia" que siguió con la ley de Sucesiones, paralizada después por el Consell, la de custodia compartida y la de Uniones de Hecho. Las dos primeras tienen recurso de inconstitucionalidad y la tercera, está en marcha. j. g. g.valencia