Hacía tiempo que el portavoz del PP en las Corts, Jorge Bellver, no comparecía en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces acompañado del vicesíndico Rafael Maluenda [atrás queda el día de octubre pasado en el que Maluenda le quitó el micrófono a un inexperto Bellver, recién nombrado síndico]. Pero ayer, pese al conflicto provocado por Maluenda hace dos semanas, cuando pidió públicamente al presidente de la Cámara, Juan Cotino, que retirara una exposición instalada en la institución sobre el Estatut por "pancatalanista", o precisamente por ello, Bellver no sólo se lo llevó a la comparecencia ante los periodistas sino que le cedió la palabra para informar de la propuesta estrella del PP para el pleno de la próxima semana: Una iniciativa de "defensa de las señas de identidad" de la C. Valenciana (denominación, bandera, lengua) por la que las Corts ordenarán a la Mesa y reclamarán al Consell que no tramite ningún escrito o documento que "no respete la denominación oficial de la Comunitat Valenciana o la sustituya por otra". Esto es, "País Valenciano".

La iniciativa la protagonizará en el pleno el propio Maluenda, quien tuvo que tomarse una "pastillita" por el disgusto tras ver la muestra de las Corts. El PPCV, cada vez con menos margen para despreciar nichos de voto, busca aplacar el malestar interno de sectores del partido tras decisiones como el acuerdo de reciprocidad con TV3 o el citado esperpéntico episodio de la exposición del Estatut, cuyo catálogo está prologado por el presidente Alberto Fabra.

El pacto de TV3 incluye el veto en la cadena catalana al término "País Valenciano" y ahora se pretende trasladar a los escritos oficiales intramuros. El conseller y número dos del PPCV, Serafín Castellano, exigió ayer a TV3 y a la oposición que "abandone el ataque frontal a las señas de identidad", y amenazó con "romper" el pacto con Cataluña cuando el Consell aún no lo ha firmado (tiene que pasar por las Corts).

La prohibición obvia el reconocimiento que el preámbulo del Estatuto dio a "País Valenciano", junto a "Reino de Valencia", que no sustituyen a la oficial "Comunitat Valenciana" pero que nada impide utilizarlas para referirse al territorio valenciano. Maluenda reconoció que el Estatuto "dice lo que dice" pero añadió que "la izquierda ignora las sentencias del Constitucional que establecen que los preámbulos no forman parte del cuerpo normativo de las leyes". Lo que obvió es que el PP defendió lo contrario en su recurso contra la mención a Cataluña como "nación" en el estatuto catalán. También aludió al fallo del TSJ sobre los estatutos de la Universitat Jaume I que veta el uso de "País Valenciano", pero con carácter oficial. Una sentencia que también avala el valenciano, "académicamente catalán", que el Consell no acata.

Cotino sabrá "por qué no la retiró"

"Cada ataque a nuestras señas de identidad o al Estatuto serán contestadas por el PP", garantizó Bellver. Aunque sin prisas, ya que la iniciativa responde a un acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona del 25 de junio de 2012. Se presentó hace siete meses, en octubre, pero permaneció durmiente y, aunque antes del lío de la exposición ya se decidió llevarla a pleno, ahora ha venido de perlas al PP. La oposición censuró que los populares quieran debatir sobre las señas de identidad, el "raca-raca" identitario, dijo, en las Corts "con la que está cayendo" en la C. Valenciana por la crisis y las cifras de paro. Bellver replicó que el 99 % de las propuestas populares aluden a la economía y el empleo.

Así las cosas, las Corts desmontaron ayer tarde la exposición del Estatut -que incluía carteles y documentos de la preautonomía con referencia a "País Valenciano" y la unidad lingüística-, en el tiempo acordado con la Universidad de Alicante. Cotino se ha resistido a las presiones del PP. "Si Cotino no ha creído conveniente retirarla -dijo ayer Maluenda-, no me pregunte a mí por qué lo ha hecho. Mi obligación, como valenciano, era manifestar lo que manifesté".

Por primera vez en su historia, la Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador de la Generalitat, cerró 2012 con déficit, de 728.724 euros. ¿La razón? Que el Consell, el órgano al que controla, decidió quedarse, asfixiado por la falta de liquidez, con los remanentes de crédito de las Corts y de todas las instituciones estatutarias. El Ejecutivo se lo cobró descontándolo de las entregas trimestrales. Así, la Sindicatura reconoció ingresos por 4.897.185 euros frente a unos gastos de 5.846.756, lo que, unido a los activos financieros, dio un resultado presupuestario negativo de 947.973 euros. No obste, se reconocieron gastos con cargo a los remanentes que minoraron esa cifra hasta dejarla en 729.724 euros. Y eso que redujo el gasto un 11,3 % respecto a 2011. La Sindicatura, con una plantilla de 89 personas, gastó 4,35 millones en personal, de los que 362.000 fueron para los altos cargos (Consejo de la Sindicatura).