El Consell Valencià de Col·legis Veterinaris (CVCV) alertó ayer de la amenaza que supone para la seguridad alimentaria la entrada sin control en la cadena de los alrededor de 2.000 toros cerriles que cada campaña de "bous al carrer" se sacrifican tras celebrarse los festejos de este tipo. El CVCV lamenta, asimismo, las críticas de la Associació de Defensa de la Tradició dels Bous al Carrer contra la actuación de la Conselleria de Agricultura que, en el uso de sus competencias exclusivas, está tratando de impedir tal cosa.

En opinión del írgano de veterinarios, "la conselleria está haciendo cumplir la legislación al reclamar ciertos trámites y condiciones, que requieren de la presencia de un veterinario para que éste reconozca el estado del animal y expida la autorización sanitaria para el transporte, una guía que completa la trazabilidad del animal hasta el matadero". A este respecto, el máximo representante de los veterinarios valencianos, Francisco Beltrán Andreu, advierte que tal documento "no es un trámite más, es algo esencial que debe ser expedido por un facultativo para garantizar, entre otras cosas, la seguridad de la carne y la ausencia de residuos que podrían ser nocivos para los consumidores de ése animal tras ser convertido en alimento".

La actuación de la Administración se produce al poco de cerrarse la crisis alimentaria desatada en Europa por la presencia de carne de caballo en productos etiquetados como de ternera y en algunos pocos casos de fenilbutazona un producto prohibido para équidos destinados a consumo humano.

"Si la industria cárnica ha salido indemne de esta crisis ha sido gracias al cumplimiento de la legislación, a la responsabilidad que han demostrado tanto la Conselleria de Agricultura como la de Sanidad en este asunto. En el caso valenciano, esta regulación es si cabe más garantista en cuanto a las cautelas que se han de tener con los animales que pasan de uso recreativo a alimentario. De ahí que se entienda menos aún la vehemente reacción contra los veterinarios y contra de la actuación de Agricultura", advierte Beltrán, quien insiste en que el coste de los honorarios de estos profesionales, ya sean empleados públicos de la conselleria o los habilitados por ésta al efecto, "es ridículo, es una gota en el mar de una tradición que, según la Conselleria de Gobernación, tiene un impacto de 48 millones de euros, máxime tratándose de materias de salud pública, sanidad y bienestar animal".