Ni estaba en el programa del PP ni se le esperaba, pero el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete ha logrado en un tiempo récord-eso sí en solitario-una nueva ley de Costas que no satisface a casi nadie, excepto a los infractores-amnistiados ahora-y a los propietarios de inmuebles situados en Dominio Público que se benefician de una prórroga temporal en el estatus que ya marcaba la ley de 1988.

La nueva ley, a la que todas las formaciones políticas y expertos atribuyen un carácter regresivo y mucho más permisivo que la anterior, no afronta sin embargo el principal problema de litoral mediterráneo y valenciano, donde según el propio ministerio, las mayores vulnerabilidades de la línea de costa "están asociadas a la ocupación urbanística del litoral", dónde se prevén retrocesos medios de unos 15 metros en las playas para el año 2050. Dicho de otro modo, las ocupaciones que la ley prorroga o incluso amnistía puede que no reciban el "perdón" de la propia dinámica del litoral.

La aprobación de la ley coincide con la aprobación, el próximo lunes, del Esquema de Temas Importantes (ETI) de la Demarcación Júcar, donde se diagnostican los problemas esenciales de la cuenca, incluidos no solo los que afectan a los ríos, sino también a las aguas litorales o de de transición.

"La variación del perfil de la playa a lo largo del litoral de la Demarcación Júcar-desde el rio Cenia hasta cerca de la desembocadura del Segura, "puede provocar graves problemas asociados a las edificaciones construidas cerca de la costa, principalmente sobre aquellas que se encuentran a pocos metros de la playa".

Rechazo

Ayer , el portavoz de Los Verdes del País Valenciano, Joan Francesc Peris, rechazaba la aprobación de la reforma de la Ley de Costas de 1988 por la mayoría absoluta del PP con los votos en contra de la oposición -excepto la abstención de CIU- y definía la nueva ley como "regresiva, privatizadora del litoral y arbitraria".

Los Verdes denuncian que la reforma del PP "posibilita la reducción de 100 a 20 metros la zona de servidumbre de protección de la costa, amnistía núcleos urbanos, sin ninguna justificación técnica, construidos dentro del dominio público marítimo-terrestre, alarga la concesión de ocupación del espacio del litoral a 75 años, hurta las competencias sobre las actividades industriales a las CCAA y legaliza definitivamente actuaciones dentro del dominio marítimo mientras excluye del dominio marítimo importantes y valiosas zonas húmedas como son las salinas".

"Con esta reforma el PP amnistía a aquellos que han vulnerado la Ley de Costas y deja en mal lugar a los ayuntamientos que han protegido el litoral y han luchado por un urbanismo más racional y proteccionista de la costa" aseguró el portavoz de Los Verdes.

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, reiteró ayer que la reforma de la ley de Costas pretende "dar satisfacción a los lobbies empresariales muchos de ellos relacionados con el PP y poner así fin al intento más serio que se ha producido en España para proteger nuestro litoral".

"Se trata de una reforma que "responde a unos intereses muy concretos" y hecha "a medida de unos opacos intereses privados".

Ábalos dijo que la reforma "está muy lejos de responder a los criterios de sostenibilidad ya que supondrá la privatización de nuestro litoral".

El diputado recordó también que el Gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado las ayudas que concedía todos los años el Gobierno central para el mantenimiento de playas.