La reforma del Sistema Nacional de Salud, que todavía no lleva un año en vigor, va dejando un reguero diario y silencioso de afectados. Al menos 300 personas, la mayoría inmigrantes (35 al mes), han visto su acceso a la sanidad afectado de algún modo desde noviembre, cuando el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud) empezó a recabar los datos. Entre enero y marzo de 2013, la cifra aumenta a más de 60 ciudadanos al mes, comprendidos los españoles, que ven restringido su derecho a la salud. Por primera vez desde que se aplica esta norma, se han detectado también casos de menores, lo que hace saltar todas las alarmas.
Tanto es así que el director general de Asistencia Sanitaria se reunirá hoy con los autores de este informe para atajar cuanto antes el problema burocrático por el que al menos seis niños, de procedencia rumana, se han quedado sin atención hasta que tramiten y obtengan la importación de la cobertura sanitaria en su país de origen.
«Hay una línea roja que no se debe pasar, y eso las autoridades lo tienen claro», señaló a Levante-EMV Rafa Sotoca, presidente de Médicos del Mundo de la Comunitat Valencia, una de las organizaciones que colabora con el observatorio recogiendo estas incidencias. El informe de Odusalud cuenta que son «al menos» 300 los afectados, aunque se habla de un efecto «iceberg» «De momento solo se ve la punta, pero habrá muchos más casos», asegura Sotoca. A falta de un organismo con implantación efectiva en cada rincón del territorio valenciano, el observatorio va tomando nota de los casos que los mismos ciudadanos reportan. A parte de Médicos del mundo, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y Cáritas Diocesana son las que se encargan principalmente de recopilar estos datos, las que tienen contacto más directo con los pacientes.
Este tercer informe recoge un total de 170 notificaciones registradas hasta el 1 de abril de 2013. La mayoría de los casos, hasta 133, se trata de ciudadanos que no han podido acceder a la atención directa por personal sanitario, debido a diferentes trabas administrativas como carencia o trámites de expedición y renovación de la tarjeta sanitaria o documento análogo. La dificultad de acceso a los medicamentos por motivo económico representa la incidencia más común en la población española. Por último, la exigencia de firma del compromiso de pago o facturación, sigue siendo un elemento disuasorio para algunos pacientes, especialmente quienes tramitan su permiso temporal de residencia. Su consecuencia es la autoexclusión de pacientes que ni siquiera buscan atención sanitaria.
Mayoría inmigrantes irregulares
Como ya se alertó en momentos previos a la aprobación y entrada en vigor de este decreto ley, los más afectados son los inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular (65%), es decir 35 cada mes. Los casos más graves detectados se relacionan con falta de acceso de pacientes crónicos a su tratamiento efectivo. En algunos, se trataba de limitaciones económicas (pacientes diabéticos) y en otras de tipo administrativo (pacientes con infección por VIH que durante días no recibió tratamiento antirretroviral). Se ha detectado además falta de acceso a pruebas diagnósticas e interrupción en el seguimiento clínico necesario en pacientes graves.
Tras conocer estos datos, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, pidió al PP que cambie la ley para que la atención sanitaria «vuelva a ser universal y equitativa». Su homólogo del PP, Serafín Castellano, argumentó que en el caso de los niños «no residen en nuestra tierra, se trata de una propuesta de una asociación para intervenirlos aquí».
