La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido abrir dos diligencias de investigación penal relacionadas con el accidente del metro en el que fallecieron 43 personas. Una de ellas irá dirigida a analizar "las posibles causas del accidente del metro de la Línea 1 de Metrovalencia acontecido el 3 de julio de 2006", tal como solicitaban dos escritos presentados por Antonio Marín Segovia, de Cercle Obert de Benicalap, y César Guardeño del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, según la agencia Efe. Ambas entidades pedían a la Fiscalía que analizara "todas y cada una de las posibles causas del accidente de la Línea 1 de Metrovalencia y no se base únicamente en la velocidad". Igualmente solicitan que se aclare la "trama de mentiras y falsedades en torno a la instrucción judicial" como los tres descarrilamientos anteriores de uno de los trenes implicados en el accidente (la UTA 3736), la desaparición del libro de averías o el dinero público pagado a la consultora H&M Sanchis que "supuestamente, instruyó y manipuló, de manera indecente y perversa, a los técnicos de FGV ante la comisión de investigación en las Corts Valencianes" (el pago de 660.000 a H&M Sanchis sin concurso público ya lo investiga el juzgado de instrucción número 8). Cercle Obert y el Círculo reclaman, incluso, "que se depuren las responsabilidades oportunas de los gestores públicos de FVG que han participado de forma directa o indirecta, supuestamente, en la manipulación, ocultación y falsificación de pruebas, informes, coacción y soborno de testimonios", según se añade en el escrito de denuncia.

Otra de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Provincial se refiere a la denuncia del PSPV-PSOE, presentada por la diputada y presidenta del grupo parlamentario Ana Barceló, para dirimir las "actuaciones de testigos en una Comisión de las Corts", la del accidente del metro que duró apenas cuatro días, "por un posible delito contra las instituciones del Estado del artículo 502.3 del Código Penal". Este último condena de seis meses a un año de prisión y multa a los comparecientes en una comisión de investigación parlamentaria que no digan la verdad y cometan falso testimonio. Como ha informado Levante-EMV, el falso testimonio podrían haberlo cometido, supuestamente, la ex gerente de FGV, Marisa Gracia, quien negó que se hubieran celebrado reuniones previas para preparar la comisión (pese a que las comparecencias se ensayaban en su despacho) y Vicente Contreras, ex director de explotación, quien defendió el buen estado de los trenes del accidente, cuando meses antes aseguró en un informe interno que estaban "corroídas" y al final de su vida útil. Otros técnicos de FGV también negaron que el tren del accidente hubiera sufrido descarrilamientos previos cuando se registraron tres, como ha desvelado Levante-EMV.

La Fiscalía Provincial aún no ha decidido qué fiscal se encargará de practicar las diligencias de investigación, una decisión que se tomará la próxima semana, según confirmaron ayer fuentes del ministerio público. Al respecto, existen escasísimas posibilidades de que la misma fiscal que intervino en la anterior instrucción del accidente (que coincidía con las posturas del abogado de la Generalitat y sólo hizo dos preguntas al perito ferroviario en la única comparecencia que hubo) vuelva a intervenir en las nuevas diligencias de investigación ya que solicitó el traslado desde penal a civil.

"Es positivo pero somos prudentes"

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio, Beatriz Garrote, aseguró a Levante-EMV que las familias consideran "muy positiva" la decisión de la fiscalía pero quieren ser "prudentes". "Hace un mes todo lo que nos está pasando era impensable" pero "las decisiones que se están tomando coinciden con nuestras reivindicaciones: investigar la falsedad de la comisión de investigación y las verdaderas causas del accidente". Para las familias de los 43 fallecidos y los 47 heridos "es de sentido común las decisiones que se han tomado. Aunque todo lo que está mal hecho no sea punible penalmente, es de sentido común averiguar si se mintió en la comisión de investigación de las Corts y si se coartó el derecho de defensa durante la instrucción penal del accidente". Garrote anunció que las familias van a elaborar un escrito propio de demanda para argumentar las cuestiones que consideran se deben investigar y que presentarán en breve.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, consideró ayer que la decisión de la Fiscalía sobre el accidente del metro "abre una nueva puerta para saber la verdad sobre lo ocurrido" en el siniestro. Puig destacó que la "única misión" de los socialistas ha sido "ayudar para conocer la verdad" porque "durante mucho tiempo los familiares y los medios de comunicación han estado trabajando y denunciando lo que siempre dijimos desde el primer momento, es decir, que se había intentado ocultar la verdad".

El líder de los socialista valencianos asegura que "trabajarán y colaborarán con la justicia porque la verdad debe tener otra oportunidad". "Hoy se abre un nuevo camino para conocer esa verdad después de años denunciando lo que había sucedido en el accidente de metro de 3 de julio de 2006 y después de aportar nuevos testimonios y otros documentos relevantes", agregó. Ximo Puig considera "un muy buen día" la fecha de ayer "siempre desde el respeto a la memoria de aquellas personas que desgraciadamente un día subieron a un servicio público de la Generalitat pero nunca llegaron". Por su parte, la portavoz y coordinadora de EUPV Marga Sanz defiende que la decisión de la Fiscalía debe "ir acompañada de la rectificación del PP y de la reapertura de otra comisión". Sanz ha asegura que es una "noticia excelente" y agrega que "no es suficiente con que el Consell colabore con la Justicia, hay que depurar y asumir responsabilidades políticas donde toca". Sanz espera que la última decisión judicial "haga reflexionar de una vez por todas al PP. Es incomprensible que la Justicia investigue los supuestos falsos testimonios y que el PP continúe con las filas cerradas y se niegue a tramitar una comisión en las Corts, como ha solicitado Esquerra Unida". La formación recurrirá el veto de la Mesa de las Corts a su petición para reabrir la comisión y "conseguir que las responsabilidades políticas quedan claras".