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Hacienda le está sacando mucho partido a los datos de consumo que las compañías eléctricas están obligadas a facilitarle desde hace un par de años. Esta información no sólo está permitiendo aflorar miles de alquileres no declarados o localizar decenas de centros de trabajo clandestinos, también está facilitando la detección del fraude que cometen muchos ciudadanos que declaran su segunda residencia como si fuera su domicilio habitual para desgravarse el préstamo.

Se trata de una práctica que proliferó durante los años del "boom" inmobiliario y que la Agencia Tributaria ha decidido atajar con la realización de una campaña específica dentro de su plan anual de lucha contra el fraude, según confirman fuentes oficiales. Lo saben bien muchos contribuyentes valencianos que desde hace unos meses ya están recibiendo los correspondientes requerimientos para que aclaren su situación, según explica el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, que ya ha atendido varios casos en su despacho.

Menargues recuerda que la deducción por vivienda es una de las pocas que realmente puede influir en el resultado de la declaración, debido a su cuantía, que supone una disminución de los ingresos de Hacienda de unos 2.500 millones de euros anuales en todo el país. Prácticamente uno de cada tres ciudadanos que presenta la declaración se acoge a ella.

Con este volumen no es de extrañar que en épocas de necesidad como la actual la Administración haya fijado sus ojos en el fraude que pueden contener estas cifras y haya decidido actuar. Para empezar, suprimiendo de desgravación para las viviendas adquiridas con posterioridad al 1 de enero de este año pero también revisando las que están en vigor de años anteriores para intentar reducir la factura final.

Fue durante los años de bonanza económica cuando miles familias se decidieron a comprar un apartamento en la playa aprovechando la facilidad del crédito, los bajos tipos de interés y las ventajas fiscales que ofrecía el Gobierno por la inversión en vivienda.

El problema era que esta desgravación sólo podía aplicarse en el caso de la residencia habitual, por lo que muchos ciudadanos no dudaron en empadronarse en la costa para cumplir con los requisitos legales.

La Agencia Tributaria siempre ha combatido, de una forma u otra, este fraude aunque hasta ahora la falta de medios para detectar el engaño suponía un obstáculo para hacerlo a gran escala. La situación ha cambiado completamente con la obligación de las compañías de suministros de informar a Hacienda de los consumos de cada vivienda, además, dejando constancia de su referencia catastral. "Ahora es muy fácil comprobar si realmente un inmueble está siendo utilizado todo el año o sólo durante determinadas épocas. La Agencia Tributaria dispone de muchísima más información y los medios informáticos permiten hacer todo tipo de cruces para detectar anomalías", explican los expertos.

El año pasado, la información proporcionada por las compañías eléctricas permitió aflorar más de 4.000 alquileres ilegales y alrededor de un millar de segundas residencias de toda España que estaba declaradas como domicilios habituales para desgravar. Esto significa que se detectó fraude en tres de cada cuatro investigaciones.

Durante el pasado ejercicio se inspeccionaron 1.150 inmuebles y se sancionó a cerca de 400 propietarios y otros tantos podrían enfrentarse a multas si no incluyen los ingresos recibidos en su declaración de este año.