El secretario autonómico del sector público empresarial, Bruno Broseta, ha manifestado que "lo más relevante" de la reestructuración del sector público empresarial valenciano no es la reducción de personal "en términos cuantitativos", pues hay otras partidas que han bajado "mucho más".

Broseta ha señalado en la comisión de Economía de Les Corts que los gastos de personal del sector público se han reducido entre 2011 y 2013 en 72'3 millones de euros, un 25 %, lo que supone el 4'8 % de la reducción presupuestaria total, mientras que los gastos de funcionamiento han bajado en 232 millones de euros, "tres veces más" que los de personal y el 16 % de la reducción total.

El secretario autonómico ha señalado que "lamenta profundamente" que este proceso implique un número de despidos "tan elevado", pero ha resaltado que el ajuste no descansa únicamente en la reestructuración del empleo.

Broseta ha reivindicado la elección de la empresa Deloitte para asesorar a la Generalitat en la reestructuración del sector público, pues presentó la oferta económica más ventajosa -254.800 euros- y tenía acreditada experiencia en la materia, y ha admitido que el informe elaborado tiene "errores", pero no son de alcance.

El secretario autonómico ha asegurado que cuentan con tres informes de seguimiento de la evolución del proceso de racionalización del sector público, pero son "absolutamente internos".

El socialista Francisco Toledo ha dicho que este proceso de reestructuración es "una gran chapuza que pasará a los anales de los despropósitos" de la Generalitat, y que el informe no hay "errores, sino horrores", dado que el Consell no ha hecho caso de su contenido.

El diputado de EU Ignacio Blanco ha cuestionado que un informe que ha costado "mil euros por página" tenga errores, a lo que Broseta le ha replicado que "esto no va a peso" y que se ha hecho un trabajo "ímprobo", y Mireia Mollà (Compromís) ha lamentado que el documento contiene "errores de fondo".

Por otra parte, el secretario autonómico de Administración Pública, Pedro García, ha explicado que tienen trece sentencias judiciales que reconocen la cesión ilegal de trabajadores al Consell a través de asistencias técnicas, y que a 31 de diciembre pasado había en la Generalitat 593 contratos de servicios.

De ellos, ha explicado, actualmente hay 144 contratos con riesgo hipotético de acabar convirtiéndose en una relación encubierta de sus trabajadores con la Conselleria, por lo que han dictado unas instrucciones de obligado cumplimiento en los contratos de servicios y encomiendas de gestión para evitar ese peligro.

Blanco (EU) ha dicho que esas recomendaciones son un "manual del blanqueo del fraude", para "camuflar" la externalización de servicios que es una cesión ilegal de trabajadores; Mollà (Compromís) ha criticado que "decoran como legal lo que no es" y Rafael Rubio (PSPV) ha dicho que Vaersa era "un coladero".

Además, la oposición ha instado a que se dé a conocer el Plan de redistribución de cargas de trabajo de personal al servicio de la Generalitat, que según García está ya redactado con solo "mes y pico de retraso" y, si no hay "grandes perturbaciones" y los sindicatos lo respaldan, será "un modelo de éxito".