La Fiscalía y la abogacía de la Generalitat sitúan al exconseller Rafael Blasco como el líder en la sombra del caso Cooperación. Las acusaciones coinciden en que el supuesto urdidor del fraude es el exconseller. El ministerio público pide que Blasco sea condenado a 14 años y que el empresario encarcelado Augusto César Tauroni que supuestamente se benefició de las ayudas cumpla 11 años. La abogada de la Generalitat que firma el escrito de acusación lamenta que las irregularidades comenzaron cuando Blasco llegó a la Conselleria de Solidaridad y solicita 11 años de cárcel.
El fiscal Anticorrupción Vicente Torres sostiene en su acusación que Blasco "era amigo personal en el momento de cometerse los hechos delictivos" de Tauroni porque había sido socio de su hermano. A raíz de esta relación, según Torres, le informó de las subvenciones, supuestamente ordenó que se las concediesen a Cyes y presionó para que se manipularan las pruebas.
El fiscal y la Generalitat precisan que Tauroni contactó con el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, para proponerle que se presentara a las convocatorias para dos proyectos en Nicaragua por 1,6 millones de euros a cambio de obtener una comisión de un 25% que supuestamente se disfrazó con servicios que no fueron prestados.
Según las acusaciones, Tauroni y López se reunieron varias veces con personal de la Conselleria de Solidaridad para "asesorarse sobre la documentación a presentar gracias a la intervención o la mediación del conseller Blasco".
Los técnicos de la comisión evaluadora de las ayudas rechazaron inicialmente la propuesta de Cyes. Sin embargo, Blasco supuestamente ordenó que se pidiera una evaluación externa para de forma fraudulenta justificar que sí cumplían los requisitos, siempre según la Fiscalía y la abogacía de la Generalitat. El principal escollo para conceder las subvención a Cyes es que carecía de experiencia.
Una vez que se logró la apariencia de legalidad, Blasco "pudo dictar la resolución de 22 de agosto de 2008 mediante la que concedía a la Fundación Cyes dos subvenciones por valor de 833.409 euros". Según las acusaciones, Tauroni recibió el 25% de su parte (416.704 euros) el mismo día que la conselleria ingresó el dinero. Tauroni supuestamente no realizó ninguno de los dos trabajos por los que recibió el dinero "ya que ni disponía de trabajadores ni envió a ningún ingeniero ni topógrafo a Nicaragua".
La Fiscalía y la abogacía de la Administración autonómica precisan que Cyes se gastó 969.875 euros de la ayuda de Nicaragua en adquirir dos pisos, un entresuelo y un garaje en Valencia. "Unicamente se transfirió a Nicaragua 43.000 euros. Es decir, solo el 2,5% del total de las dos subvenciones llegó al país de destino, siendo este hecho conocido por los acusados Rafael Blasco, Agustina Sanjuán (la ex secretaria general de Cooperación) y Marc Llinares (ex jefe del área de Solidaridad)". La Generalitat y el fiscal mantienen que los propios funcionarios de la conselleria advirtieron a los altos cargos acusados de las irregularidades. La respuesta de los imputados supuestamente fue tratar de taparlo manipulando las pruebas para que no salieran a la luz las irregularidades.
Relación con Tauroni
La Fiscalía destaca que Rafael Blasco trataba directamente con el empresario encarcelado Augusto César Tauroni "los problemas que le surgían en las Corts y en la prensa por la denuncia pública -presentada por el PSPV- de la ilegalidad de las subvenciones concedidas a Cyes, pese a no ser miembro de la fundación".
La abogacía de la Generalitat insiste en las presiones que ejerció Blasco sobre los funcionarios para conseguir su propuesta favorable para que las subvenciones fueran a parar a Cyes. Además, sostiene que los acusados obtuvieron informes ad hoc "contrarios a derecho de forma grosera y evidente" para justificar la concesión de las ayudas.
La abogacía de la Generalitat entiende que Blasco puede haber cometido cuatro delitos por firmar la subvención "a sabiendas de su injusticia ante el incumplimiento de los requisitos", por presionar a los funcionarios, por ordenar la elaboración de un informe para la Fiscalía manipulado y por no revocar la concesión de las subvenciones a pesar de las recomendaciones que le hizo el Síndic de Comptes.
