La Conselleria de Bienestar Social se escudó ayer en la ley para exigir a una mujer sin recursos 25.000 euros tras retirarle la pensión. La portavoz de la conselleria insistió en que legalmente tienen razón y no entró a valorar si la decisión implica abocar a la indigencia a la mujer y a su marido. La Generalitat Valenciana, como ayer adelantó Levante-EMV, considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión cuando su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, ha pedido al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión. El juez todavía no ha dictado sentencia.
La propia Administración le concedió en el año 2002 a Nieves Pozuelo una pensión no contributiva de 347 euros tras reconocerle una minusvalía del 67%. La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada 24 veces.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y la ONG colombiana Mira. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hace frente a las facturas de agua, luz y comunidad.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio del caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y consideró que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido empezó a cobrar en 2007 una pensión de 624 euros por invalidez. La Generalitat reclama a la mujer 18.000 euros por los 347 euros que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La Administración ha aumentado en los últimos dos años las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. La Generalitat ya ha advertido a la pareja de que les embargará la mitad de su piso si en las próximas semanas no hacen frente al pago de los 25.000 euros.
La portavoz de Bienestar Social insistió ayer en que legalmente tienen razón. El abogado de la Generalitat defendió en el juicio que la mujer tenía la obligación de comunicar la otra pensión cuando su marido empezó a cobrarla en el año 2007. La familia no lo hizo porque pensaba que tenía derecho.
