El procedimiento de contratación pública de emergencia permite a los gobiernos adjudicar rápidamente y a dedo obras tras catástrofes naturales, casos que ponen en peligro la defensa nacional o situaciones de grave riesgo para la ciudadanía. Pese a que ninguna de estas condiciones se ha cumplido en la última década en la Comunitat Valenciana, exceptuando algún episodio de lluvias torrenciales, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) ha adjudicado hasta 102 millones en obras en depuradoras a través de esta forma, que evita el concurso público. Esta práctica, que se generalizó durante el período de gerencia de José Juan Morenilla, se cortó de raíz tras el estallido del caso Emarsa, en el verano de 2010, según denunció la diputada del PSPV y alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez.

Entre 2003 y 2010 la Epsar, que gestiona y financia las 460 depuradoras a través de los impuestos, realizó 73 expedientes a través del procedimiento de emergencia. Llama la atención, según la información facilitada por el PSPV tras varias visitas a los archivos de la Epsar, que en la mayor parte de estas obras existen sobrecostes que en alguno de los casos llegan a casi el 3.833 %. Se trata de unas obras en la depuradora de Benidorm que se adjudicaron a una filial de Aguas de Barcelona por 101.894 euros y que acabaron costando 4.008.420,82 euros.

Según el mismo informe de la diputada Martínez, la desviaciones de los presupuestos fueron generalizadas, con sobrecostes medios de entre el 70 y el 100 %. Obras que adjudicaba por 1,3 millones la Epsar acababan costando 2,4, como el caso de unas reparaciones en Castelló hechas por la firma Facsa. Fue en esta empresa donde recaló Morenilla tras salir de la Epsar en julio de 2011, cuando empezó a salpicarle la investigación judicial en la que ha acabado imputado.

Pero el abuso de este procedimiento de excepcionalidad no era desconocido por los responsables de las consellerias que supervisaban la Epsar. De hecho, en diferentes informes de la Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador advirtió de la anomalía y opacidad de este tipo de contratos. Ya en 2003, el síndic alertó de que dos expedientes adjudicados ese ejercicio "no requerían una actuación inmediata por razón de acontecimientos catastróficos".

Es más, el síndic llega a evidenciar la irregularidad aportando más pruebas, puesto que las dos obras que, teóricamente, son de emergencia no empiezan a ejecutarse hasta 14 meses después. Estos procesos de contratación se usan para empezar las obras antes de un mes.

También criticó el síndic la adjudicación de la depuradora de Pinedo a la UTE liderada por Aguas de Valencia durante nueve meses tras saltar el escándalo Emarsa. El contrato superó los 9,6 millones durante nueve meses.

Como evidencia la información recopilada por los socialistas, las reprimendas del síndic no frenaron esta manera de actuar de la Epsar, que se disparó en el año 2007. Los contratos los firmaban el gerente, el exjefe de Explotaciones Ignacio Bernácer, también imputado en el caso Emarsa, o la exdirectora general y exvicepresidenta de la Epsar María Ángeles Ureña. Ni el exconseller ya fallecido José Ramón García Antón ni Juan Cotino modificaron las contrataciones a través del procedimiento de emergencia.

La adjudicaciones de la Epsar por este reparto están diversificadas entre las principales contratistas de la Generalitat, algunas de ellas implicadas en el caso Gürtel como Lubasa. También consiguió a dedo obras la empresa Talent, a la que el principal acusado del caso Emarsa acusa de pagar a Morenilla comisiones del 10 % de las adjudicaciones.

Los trabajos debían comenzarse en un mes y tardaron hasta 14

Las adjudicaciones a través del procedimiento de emergencia tienen un requisito imprescindible, y es que las obras deben empezar antes de un mes, puesto que como van dirigidas a solucionar catástrofes o evitar males a la sociedad ello justifica su opacidad y discrecionalidad. Pero en las contrataciones de este tipo que hizo la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) no sucedió así. Según la información recopilada por el PSPV y hecha pública ayer, los plazos de inicio se disparan de los tres meses a los 14, saltándose lo que marca la legislación. Y ese incumplimiento fue criticado en reiteradas ocasiones por la Sindicatura de Comptes, aunque la gestora de las depuradoras no hizo caso ya que se fueron cometiendo estas irregularidades en años sucesivos. Otra norma que también se incumplió en estas adjudicaciones fueron los plazos de ejecución, que de tres a cinco meses acabaron tardando en realizarse uno o dos años. La emergencia queda así desvirtuada.