Tras una maratoniana sesión de más de seis horas, ayer quedó visto para sentencia el juicio del aeropuerto de Castelló. La exgestora Concesiones Aeroportuarias (Conaer) reclama a la sociedad pública Aerocas al menos 128 millones de euros, mientras que esta última solicita el archivo de la demanda. Ambas partes se acusan de incumplimiento contractual.
El juzgado de primera instancia número uno de Castelló acogió el juicio, en el que declararon ocho testigos, entre ellos, la exconsellera de Turismo, Lola Johnson. La parte demandante, Conaer (empresa que integran Globalvía, Lubasa y PGP), trató de demostrar que Aerocas incumplió en reiteradas ocasiones sus compromisos. Pide la resolución del contrato y que se le indemnice por las obras que ha ejecutado. Con carácter principal, reclama 128 millones de euros más IVA e intereses, cantidad que incluye los 111 millones del coste de la obra. De forma subsidiaria, solicita 132 millones.
Aerocas basó buena parte de su defensa en las deficiencias que presentaba el aeropuerto cuando se lo entregó Conaer Para ello, tuvo que admitir que firmó la recepción siendo conocedor de que no se habían ejecutado obras "sustanciales". Según desveló, todavía persiste alguna de estas deficiencias, como la de la pista de rodaje, que no cumple las medidas para que puedan operar sin restricciones grandes aeronaves.
El anhelo por inaugurar el aeropuerto antes de las elecciones de mayo de 2011 explica la precipitación con que se tramitaron aspectos sustanciales. La inauguración ("a bombo y platillo", según aseguró el juez, que también calificó la escultura de "algo raro") fue el 25 de marzo y la recepción de las obras se rubricó el 31 de marzo.
