La querella contra el conseller de Gobernación, Serafín Castellano por las adjudicaciones al empresario amigo José Miguel Pérez Taroncher, difundida el pasado miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha puesto en el escaparate a la llamada Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana (promotora de la denuncia), una entidad hasta hace dos días desconocida y que ha disparado todo tipo de elucubraciones sobre su origen y su auténtica finalidad. La cúpula popular relaciona la denuncia contra el secretario general del PPCV con los problemas internos de la organización de la gaviota y, en concreto, con el pulso que mantiene el presidente Alberto Fabra con el exconseller Rafael Blasco, procesado en el caso Cooperación. En círculos populares se apunta a una maniobra de Blasco contra Fabra, quien podría sufrir el golpe de ver a su mano derecha en el PPCV imputado por prevaricación, en el caso de que la denuncia fuera admitida a trámite.

Sin embargo, según ha podido saber este diario Serafín Castellano no es el único objetivo de esta asociación que, ciertamente, está rodeada de cierto misterio. La Asociación contra la Corrupción, inscrita en abril en el registro de asociaciones de Madrid, no tiene aún cara, aunque sus integrantes llevan tiempo moviéndose y recabando información sobre asuntos turbios. De hecho, ya han prestado asesoramiento jurídico en la causa por estafa que investiga un juzgado de Massamagrel por la fallida contrucción de la incineradora de Vall d'Alba, promovida por la Generalitat en los tiempos en que Blasco era conseller de Medio Ambiente. La instrucción, que proviene de 2010, ha supuesto, tal como reveló Levante-EMV, hace dos semanas la imputación de dos exaltos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente (Jorge Lamparero y Felipe Espinosa), el alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez) y los responsables de dos empresas, uno de ellos, Fernando Castel, también imputado en la causa Cooperación. La denuncia está presentada por un abogado de Castelló en nombre de la empresa Inversiones Futuro y Progreso. La mercantil querellante denuncia que abonó más de 5 millones a estas firmas por quedarse con el proyecto sin saber que se había renunciado a construir la planta.

"No conozco a Blasco"

La empresa denunciante ha recabado orientación jurídica de la Asociación contra la Corrupción que, en los próximos días, según afirma su presidente, Enrique Soriano, se presentará en sociedad y difundirá dos nuevas "acciones" contra cargos del Consell. Con todo, mientras llegue ese día, el colectivo prefiere moverse con sigilo. La Asociación tiene una web en la que se presenta sin dar un sólo nombre. Sólo aparece un número móvil (desde hace tres días está en poder de Soriano) y una serie de "comunicaciones" y recortes de prensa centrados sobre todo en el presidente Fabra (aparecen varios artículos sobre el fichaje del entrenador personal) y en asuntos relacionados con Castelló. La web se actualiza al día. Su portada es un montaje fotografíco con las caras de protagonistas de escándalos de corrupción a nivel nacional. En un inicio sólo había dos rostros valencianos; Serafín Castellano y Alberto Fabra. Ayer, sin embargo, se colgó el mapa de los imputados en las Corts, donde aparecen las fotografías de todos los diputados con causas pendientes. La asociación está registrada en una dirección de Valencia (Marqués de Zenete), aunque allí radica un bufete de abogados desvinculado con el colectivo. Soriano dice que se han trasladado a la Avenida Cortes Valencianas.

Pese a las dudas generadas, Soriano insiste en que el 90% de sus miembros son empresarios valencianos, muchos de ellos abogados, sin vinculación alguna con partidos políticos. "No conozco a Rafael Blasco. Nunca me lo han presentado", insistía ayer, en declaraciones a este diario. Enrique Soriano reiteró que no sólamente él sino toda la junta directiva dará la cara en breve para demostrar que sus intenciones no son otras que regenerar la vida política.

Soriano, según datos del registro mercantil, aparece como administrador único de siete empresas (Métodos Verdes, Bysmedia Siglo XXI, Construcciones Metálicas, Sketchbok, Multi Spray, Comercial Earthquake y Euromecanismos de Protección). Se trata de sociedades limitadas, la mayoría de ellas dedicadas a la fabricación de maquinaria industrial.