Casi 25 años después de que Joan Lerma le expulsase del PSPV, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, puso ayer la primera piedra para finiquitar la "segunda" carrera política de Rafael Blasco, la que ha protagonizado en el PP desde que Eduardo Zaplana lo recuperó para la vida pública.

El Comité de Derechos y Garantías del partido se reunió ayer en la sede de calle Quart de forma extraordinaria para decretar "la suspensión de militancia" del exconseller, así como para inhabilitarle para representar al PP. Es decir, que ayer se iniciaron los trámites para expulsarlo del partido, sacarlo del grupo popular en las Corts y enviarlo al de no adscritos.

La decisión no es consecuencia directa de los problemas judiciales de Blasco, que está al borde del banquillo por el caso Cooperación en la causa que investiga el supuesto fraude en las subvenciones del Gobierno valenciano para la cooperación internacional entre 2008 y 2011. Tampoco por el hecho de que la propia Generalitat, personada en el proceso, haya pedido para el conseller 11 años y medio de prisión y 31 años de inhabilitación, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad documental.

En la salida de Blasco pesa más la indisciplina que la presunta corrupción. Es la reacción directa al último desafío de Blasco al president a través de unas declaraciones a los medios, que tuvo además el agravante de producirse en Madrid y en directo para toda España.

El exportavoz en las Corts, entrevistado la noche del miércoles en el programa "El Cascabel al gato" de la cadena conservadora 13 TV, acusó a la Abogacía de la Generalitat, que está personada en el caso Cooperación, de "recibir consignas" para pedir contra él once años de prisión. La Abogacía "depende de Presidencia, pero no sé quien ha dado la orden", deslizó Blasco contra Fabra, a quien recordó: "Alberto Fabra también estuvo imputado y no dimitió como alcalde de Castelló. Si lo hubiera hecho, no habría llegado a presidente".

El contraataque de Blasco en la televisión provocó un enfado mayúsculo en el Palau. Su futuro quedó sentenciado. Las 48 horas siguientes se sucedieron los avisos. El jueves el propio Fabra apelaba a los estatutos "para ver si algunas declaraciones son constitutivas de algún tipo de sanción". El viernes, tras el pleno del Consell, el vicepresidente Císcar advertía directamente de la expulsión por unas manifestaciones "muy graves" y que "faltan a la verdad". El mismo viernes, desde el PPCV obtenían luz verde de la dirección de Mariano Rajoy para proceder contra Blasco -Génova deberá ratificar la suspensión de militancia y la expulsión del grupo-, y convocó de urgencia para la mañana de ayer a los diez miembros del Comité de Derechos y Garantías que preside Alfredo Castelló.

El presidente aplica su doctrina

Lo cierto es que Fabra ha encontrado en dichas declaraciones el pretexto perfecto para cortar el último vínculo del exconseller con el partido, en aplicación de su doctrina contra la corrupción que ha aplicado desde que llegó. El presidente, presionado para sacar a Blasco del grupo por la oposición y por la alarma social generada por el caso, no había procedido hasta ahora. Eso sí, había fijado una fecha límite para cumplir el trámite: la apertura de juicio oral.

Con el desafío de Blasco del miércoles, Fabra acelera los tiempos, pero traslada el conflicto a las Corts, que deberá avalar esta decisión y se arriesga a que se evidencien discrepancias internas. Y es que en el grupo de 55 diputados conviven una decena de implicados en casos y voces como la de Alfonso Rus, que defiende la presunción de inocencia de sus compañeros.