Los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cuando sucedió el accidente de metro más grave de la historia del suburbano en España siempre han negado, por activa y por pasiva, que hubieran tenido acceso al tren accidentado porque éste "estaba precintado por la policía". Y, de hecho, este argumento fue el esgrimido en dos de las 76 respuestas elaboradas por la consultora H&M Sanchis para preparar las comparecencias de los técnicos en la comisión de investigación de las Corts que, como ha publicado Levante-EMV, debían estar "coordinadas con los responsables de la Conselleria de Infraestructuras y los comparecientes citados por el PP", según el dossier que la consultora preparó para FGV.

Así constaba en la pregunta número 43 del documento de H&M Sanchis: ¿Qué ha pasado exactamente con el libro de averías? A lo que FGV respondía, según el documento que obra en poder de este periódico: "El libro de averías forma parte de la cabina del conductor y esta está precintada por la policía judicial, por lo tanto no sabemos nada sobre él".

En otra pregunta-respuesta, se trataba el bulo que hicieron circular responsables del PP, en días posteriores al accidente, sobre la presencia en la cabina del conductor de la interventora fallecida en el siniestro. "De acuerdo con los datos que hasta ahora se posee, da la impresión que el conductor y la interventora estaban juntos en el momento del accidente. ¿Esto puede haber sido así? (Pregunta 46). En la respuesta cocinada, los directivos de FGV alegaban: "Ésta es una cuestión que sólo pueden contestar aquellos que han tenido acceso a la cabina, es decir, la policía judicial, por lo tanto no podemos decir nada al respecto".

Tres directivos de FGV y un diputado del PP siguieron al pie de la letra este guión preescrito unos días antes de la comisión de investigación de las Corts. El jefe de la Línea 1, Sebastián Argente, respondió a los diputados, al ser preguntado por el libro de averías: "He de comentarles que desconozco dónde se encuentra dado que la cabina de la unidad está precintada por la policía judicial y científica y no tengo constancia de dónde se encuentra este libro de averías". Tampoco se salió del guión Manuel Sansano, entonces director de operaciones de FGV. "Me han preguntado dónde está el libro de averías. Miren ustedes, es que cuando se produjo el accidente allí entró la policía judicial y nosotros no pudimos entrar hasta que ellos no terminaron. O sea, como seis o siete horas después, mucho tiempo después. Y después sacamos la unidad accidentada y la precintaron, la unidad está precintada en los talleres de ferrocarriles".

El entonces diputado del PP, y actual vicepresidente de las Corts, Antonio Clemente también aludió al supuesto precinto del tren al hablar sobre el libro de averías. "Se ha insistido muchas veces, aunque ya se ha explicado que el libro de averías que, posiblemente, esté en la cabina precintada -no sabemos- o en manos de la policía judicial".

Por último, Luis Domingo Alepuz, jefe de talleres de Valencia Sud, también aseguraba en las Corts que "el libro de averías forma parte, como digo, de la dotación de la unidad; se encuentra, normalmente, en la cabina B, en el coche B, del maquinista. Y no puedo decirles si está o no está porque la unidad está precintada y tengo una orden, firmada por el juzgado según la cual se nos impide cualquier acceso a todos los elementos, digamos, implicados en el accidente, cualquier elemento. Están precintados. Sin una orden judicial, nosotros no podemos acceder. Por lo que, por lo tanto, ignoro si se encuentra allí".

Sin embargo, unas fotografías incluidas en el informe pericial del técnico de Adif, Andrés Cortabitarte, inéditas hasta ahora y que hoy publica Levante-EMV por primera vez, demuestran el libre acceso que tuvieron los directivos de FGV al tren siniestrado mientras aún se encontraban en el túnel donde se produjo el descarrilamiento, así como en las instalaciones de FGV en Valencia Sud donde se depositaron las dos unidades de tren articulado (UTA), la 3736 y la 3714, que se vieron implicadas en el accidente.

La intervención de técnicos y trabajadores de FGV en el trasladado de las UTA era necesario dada la voluminosidad de ambos convoyes pero el argumento de la "imposibilidad de acceder a las unidades por el precinto judicial", queda evidenciado en las imágenes que no era tal. Marisa Gracia también admitió en las Corts que desde la medianoche del 4 de julio hasta las tres y media de la madrugada los directivos de FGV tuvieron acceso a los trenes siniestrados, la prueba principal del siniestro del 3 de julio de 2006.