La expresidenta de las Corts Valencianas y actual diputada popular está tratando de recabar apoyo externo para reunir los 636.500 euros que el juez que investiga una de las piezas separadas del caso Gürtel le ha impuesto, como fianza para atender una posible responsabilidad civil, por los cuatro graves delitos de los que se le acusa, y por los que la Fiscalía pide para ella 11 años de prisión y 34 de inhabilitación, en relación a las supuestas contrataciones fraudulentas realizadas en Fitur cuando ella era la consellera de Turismo. Martínez, que según fuentes de su entorno carece del patrimonio suficiente para avalar esta cantidad, habría expuesto su situación a los más altos dirigentes de su partido en el transcurso de las conversaciones que se están manteniendo con ella sobre su futuro en el grupo popular.

El presidente Alberto Fabra lanzó, tras el caso del exconseller Rafael Blasco (finalmente empujado al grupo de diputados no adscritos) un mensaje de tranquilidad al resto de imputados en las Corts asegurando que su caso era distinto al del exsíndic popular. Sin embargo, el auto del pasado día 2 de julio en el que dicta la apertura de juicio oral ha puesto de nuevo a Fabra frente al espejo de su línea roja contra la corrupción. La dureza del auto que incluso impone una fianza de más de 600.000 euros ha caído como un jarro de agua fría en Presidencia de la Generalitat. Fabra aseguró que el caso se está estudiando, si bien, con las Corts prácticamente inactivas, está sopensado qué hacer. En este contexto, la cúpula popular al más alto nivel ha empezado a hablar con Martínez sobre su futuro. La exconsellera se encuentra en una situación harta complicada ya que carece de recursos para afrontar una fianza tan elevada. Al parecer, aunque dispone de varias propiedades inmobiliarias y tierras, su valor no es suficiente para cubrir la fianza que el juzgado le solicita en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

De no depositarla en un tiempo prudencial, los tribunales iniciarían el procedimiento para embargar sus propiedades, cuentas corrientes e incluso sus diferentes retribuciones. Ahora bien, el embargo no tendría efectos inmediatos. Es decir, sólo en caso de condena firme sería ejecutado. Martínez podría evitar estas medidas cautelares con una aval bancario. El PPCV, que intenta negociar con Martínez su salida al adscrito, descartó ayer de forma tajante ayudar a Martínez en la fianza. Sobre la mesa está también prestarle asesoramiento. La exconsellera de Turismo, según algunas fuentes no hará nada contra el partido, pero quiere garantías de que no se quedará sóla antes de irse al mixto, pero el PPCV no acaba de definir su postura.

Con la exconsellera Angélica Such parece que la salida del grupo es menos complicada, ya que no se resistirá, llegado el caso, a irse.