Zapatero, a tus zapatos, sería la moraleja. El problema de los políticos metidos a filólogos es el riesgo de salir trasquilados. La fundamentación de la propuesta del grupo popular de las Corts, en la que sostiene que «el habla de los valencianos, que parte sin duda de la más profunda prehistoria, se escribe ya desde el siglo VI antes de Cristo con el lenguaje ibérico», no ha gustado tampoco a los responsables de la Real Academia Valenciana de la Llengua (RACV), la entidad que abandera las tesis del secesionismo lingüístico respecto al catalán. «La barbaridad de los íberos nosotros no la hubiéramos dicho nunca», aseveró ayer en declaraciones a este periódico Voro López, miembro de la junta de gobierno y director de la Sección de Lengua y Literatura Valenciana de la RACV. «Se han asesorado mal. Si nos hubieran pedido opinión, la barbaridad de los íberos nunca habría salido. Eso no hay nadie que lo defienda; es algo de cosecha propia de algún iluminado», añadió López, quien explicó que el íbero, en todo caso, formaría parte del sustrato lingüístico propio.

El miembro de la RACV descartó así que la academia colaborara con el PP en la elaboración de la iniciativa del PP, de la que cuestionó hasta la redacción. «Ni la hemos hecho nosotros ni estamos de acuerdo en cómo está escrita porque no sigue nuestra normativa; es un híbrido», explicó el responsable de la RACV. Como ejemplo, indicó que el término «ab» empleado es un arcaísmo» que ellos no recomiendan, usando «la forma popular ‘en’».

La iniciativa, que pide a la Real Academia Española que cambie la definición de «valenciano» de su diccionario para que le «reconozca su categoría de lengua o idioma propio de los valencianos», la llevó al grupo el diputado Rafael Ferraro, procedente de UV y que en las Corts siempre vota contra la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el ente normativo según el Estatuto. Fue tras la polémica por la exposición en las Corts sobre la preautonomía que parlamentarios populares tacharon de «catalanista». Firmada por el síndic, Jorge Bellver, se presentó el 13 de junio, aunque, según fuentes populares, hacía semanas que el grupo la retenía por la oposición del secretario general del PPCV y conseller de Gobernación, Serafín Castellano, a reactivar el conflicto sobre la lengua. Finalmente, Bellver le dio el visto bueno.

Apoyo a la petición a la RAE

Aunque la RACV se desvinculó de la iniciativa por la exposición de motivos y la ortografía, apoya la petición a la RAE. La entidad emitió ayer un comunicado en el que respalda que se «recupere la definición aprobada por la RAE en 1959» o una «solución» igual a la del «gallego», de forma que figuraría «Valenciano, lengua de los valencianos». La actual definición es «variedad del catalán,que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia». «Es una pena la redacción porque nosotros estamos a favor y ya en 2009 pedimos a la RAE el cambio», apuntó Voro López.

La iniciativa del PP de las Corts provocó una discusión en el pleno del Consell del pasado viernes, en la que el vicepresidente, José Císcar, y la consellera de Educación y Cultura, María José Catalá, consideraron un error el reabrir un conflicto apaciguado hace años con la AVL. También por razones de oportunidad, en unos momentos de dificultades como el actual. Ambos consideraron que Bellver actuaba por libre. De hecho, así se lo hizo llegar un miembro del Consell al presidente de la AVL, Ramón Ferrer. Catalá, el martes, desautorizó al PP al rechazar en declaraciones públicas que se use el valenciano como arma política.

Tras la declaración de la Acadèmia en la que señaló que la propuesta del PP era ilegal y que valencianos y catalanes «comparten una misma lengua», que en la C. Valenciana se «conformó» a partir de la llegada de los «repobladores catalanes y aragoneses», el miércoles Ferrer se descolgó con la idea de crear una comisión de estudio junto con la conselleria de Catalá y con participación de la RAE para elaborar una definición de valenciano que sea aceptada por todos. La consellera Catalá ejerció de apagafuegos para desactivar el conflicto generado por el PP de las Corts, lingüístico e institucional con la AVL, con la fórmula de la comisión de estudio.