El Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia denunció ayer la "campaña" del gobierno de Mariano Rajoy "para sustituir los derechos sociales por caridad pública". Estas acusaciones se producen después de que el pasado jueves el consejo territorial de Servicios Sociales y Dependencia aprobara el nuevo sistema de subvenciones sociales, en el que, según el colegio de este gremio, "las ayudas de emergencia se generalizan y sustituyen a la red pública de servicios sociales".
"Mientras desmantelan el sistema público, dan pasos hacia la beneficencia. Los programas puntuales son parches que ni van a la raíz de problema ni lo abordan en su integridad", esgrimieron desde el colegio oficial.
En este sentido, desde el órgano de representación de los trabajadores sociales se explicó que la aprobación del Plan Social de Apoyo a ONG también es una "vuelta a la caridad pública". Este plan cuenta con un presupuesto de 700 millones de euros. "Según el Ministerio de Sanidad, este presupuesto se destinará a entidades sociales que actúen en la ayuda a familias en riesgo de exclusión, la atención a las personas mayores y la discapacidad", apuntaron. Así, "hay que tener en cuenta que no se puede delegar en la incitativa social la protección a estos grupos. El tercer sector es necesario, pero debe ser siempre complementario a la red pública", añaden los trabajadores sociales. La atención a estos grupos se financiaba con el Plan Concertado que el gobierno ya ha anunciado que dejará de pagar en 2014.
Por otra parte, los trabajadores sociales alertan de la "criminalización" que sufren los beneficiarios de la Ley de Dependencia con la aprobación del nuevo modelo de información. "No olvidemos que 213.824 personas siguen esperando una ayuda reconocida por ley".
