Buena parte del discurso del Consell sobre los sacrificios ante la crisis descarriló ayer al ponerse sobre la mesa los sobresueldos que se reparten los diputados del PP con el dinero de la subvención de las Corts a los grupos. A preguntas de los periodistas, el vicepresidente, José Císcar, defendió que no se trata de sobresueldos, sino que son «complementos» que abona el grupo popular en función de las responsabilidades, que son «legales» y están «auditados» por el Tribunal de Cuentas, y reivindicó que el «total» (incluidos estos pluses) que recibe un diputado de las Corts «está por debajo de la media nacional de lo que cobra un diputado autonómico en España». Acto seguido, indicó que sería «una opción que eso lo pagaran directamente las Corts, incluido dentro de la nómina», ya que así «ya no tendríamos este debate, y estarían cobrando lo mismo». «Es un tema totalmente planteable y razonable».
A su juicio, «el problema es que se emplea un término, el sobresueldo, que da lugar a equívocos». «No es un sobresueldo, es una parte de la nómina. Sobresueldo tiene una connotación como si fuera dinero que se paga en negro, de algo que no se debe pagar, y no lo es, cuando hay que declararlo, se declara a Hacienda», dijo. Insistió en que hay que ver «el global» de lo que percibe un diputado «con independencia de los conceptos» y no mirar solo «una partida», y a partir de ahí está abierto a debatir «si es poco, regular o mucho».
La realidad es que la tabla retributiva de los diputados figura en la ley de presupuestos y esa es su nómina. Sin embargo, los populares ganan más. Desde hace más de veinte años (hasta 2004, el PSPV), se quedan una parte de la subvención de las Corts para que los grupos gocen de medios. Estos pagos bajo mano nunca se han reconocido, hasta que en octubre de 2012 lo admitió públicamente el recién elegido portavoz, Jorge Bellver, después de que Levante-EMV desvelara sobresueldos de hasta 2.500 euros al mes. Además, todos los cobraban en un sobre 360 euros por dietas que no tributaban. Bellver asegura que ha regularizado estos pagos para que nadie gane más que el presidente Fabra pero se niega a hacer públicas las cantidades y quién cobra. Las cuentas del PP difundidas por un pirata informático han desvelado que en diez años los populares se repartieron 3,5 millones en estos extras, 457.000 euros solo en 2011.
Císcar, quien dijo que no tiene ningún inconveniente en comparecer en las Corts para aclarar este asunto, lanzó un órdago a la oposición al emplazarla, «en beneficio de la transparencia», a revelar «qué hace con el dinero de la subvención de las Corts». «De la misma manera que todos los ciudadanos saben lo que recibe un diputado del PP, también deberíamos saber lo que hace el PSPV, Compromís y EU con esos mismos recursos de las Corts, en qué se lo gastan». «Que lo publiquen, que lo enseñen. ¿O es que tienen algo que esconder?», inquirió, insinuando que en la oposición también hay pagos bajo mano.
La oposición reaccionó airada. Antonio Torres (PSPV) vio «vergonzosas» las palabras de Císcar, que implican que diputados del PP «que están a punto de sentarse en el banquillo se han quedado el dinero de las Corts en sobresueldos». Compromís con su web en la que tiene la información contable del grupo y lo que ganan. Y Marga Sanz (EU) lo acusó de «tirar balones fuera».
Municipios y centros tecnológicos
Por otro lado, el vicepresidente no descartó que el Consell vaya a subir los impuestos este año. Císcar señaló que el tramo autonómico del IRPF no será modificado y, «si se toca, será para establecer alguna deducción». Sin embargo, respecto al resto de impuestos apuntó que «es algo que la Conselleria de Hacienda tendrá que estudiar, pero en cualquier caso será sobre hechos imponibles muy puntuales, nunca sobre impuestos que afecten a la generalidad de la ciudadanía». Tal como publicó este periódico, el Consell podría eliminar parte de la bonificación del 99 % del impuesto de Sucesiones como parte de las medidas exigidas por Madrid una vez le acepte el déficit asimétrico.
El Consell también se adhirió al nuevo Plan de Pago a Proveedores de las comunidades, del que espera recibir al menos 2.000 millones. Císcar destacó que este año el mecanismo incluye a los ayuntamientos, convenios de colaboración (farmacias), conciertos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, institutos tecnológicos y universidades.
