Al mismo tiempo que el líder del PP y jefe del Consell, Alberto Fabra, ha tratado de vacunar a su partido contra la sospecha de corrupción, la propia gestión política que ha hecho de los escándalos que salpican al PP ha terminado por aislarle del resto del partido. El cordón sanitario de ejemplaridad amenaza con dejarle solo a él. Es la paradoja que envuelve al presidente Fabra, cuya doctrina contra la corrupción se ha cobrado la segunda muerte política de Rafael Blasco, la destitución de una veintena de altos cargos de la Generalitat, pero también la desconfianza y malestar de una parte considerable del partido.

Ha sido precisamente la salida del grupo popular de las Corts del exconseller Blasco el episodio que ha marcado el tramo final del curso político y ha irritado sensibilidades dentro del PPCV. Alfonso Rus no tuvo reparos en desafiar al presidente y se desmarcó de su expulsión de la bancada popular, donde un quinto de los diputados están afectados por casos de presunta corrupción. Rus va por libre pero no está solo. El viernes exhibió ante Fabra su fortaleza con una cena que reunió a 1.500 cargos y militantes, ministro Margallo incluido.

Las llamadas a la presunción de inocencia para los investigados se suman las quejas de los propios afectados. Las últimas, y las más inesperadas, llegaron el viernes en la Junta Directiva del partido. El sucesor y hombre de confianza de Fabra en Castelló levantó la voz para reclamarle al presidente que cambie su política contra los imputados. Alfonso Bataller se siente "desprotegido". El alcalde de Castelló está imputado en una pieza de Gürtel y se ha visto forzado a dejar la presidencia local del partido.

Más sorprendente aún ha sido el movimiento del secretario general del PPCV, Serafín Castellano. El conseller de Gobernación no tomó la palabra, pero sí su número dos en la conselleria de Gobernación, Asunción Quinzá, que opinó que no todos los casos pueden ser tratados igual.

Eventual imputación de Castellano

Las palabras de Quinzá, de la máxima confianza de Castellano, no son casuales. La situación del secretario general puede estallarle a Fabra en la cara. El Tribunal Superior de Justicia decidirá los próximos días si investiga o rechaza la querella que interpuso contra el conseller la Asociación contra la Corrupción, a cuenta de los contratos al empresario Taroncher. El asunto, relegado del plano informativo por el caso Gürtel, ha sido artillería política de la oposición desde 2009, pero ahora puede judicializarse. De prosperar, Fabra se vería en la tesitura de tener que prescindir del hombre en quien depositó su confianza para controlar el partido o incumplir su doctrina.

Desde el partido se interpretaron las palabras de Quinzá el pasado viernes como un "aviso" de Castellano, de quien no dudan de su apoyo al presidente. Fuentes cercanas a Rus, enfrentado con el secretario general, lo ven sin embargo como una "encerrona" de Castellano para presionar a Fabra para que relaje su política.

A los distintos frentes internos vinculados a casos de presunta corrupción se unen los problemas del presidente para establecer alianzas con los notables del partido. Castellano y Moliner, precisamente, son sus apoyos más firmes. Y en los últimos tiempos se ha incrementado la distancia con otros barones populares.

Sin alianzas con los barones

La alcaldesa Barberá, por ejemplo, lleva meses con su propia agenda y se ha autoproclamado varias veces candidata a la reelección en 2015 al margen de los tiempos de la calle Quart, que aún no se ha referido a esa candidatura.

Por otro lado, tampoco ha sentado bien a los líderes provinciales Alfonso Rus (Valencia), Carlos Fabra (Castelló) y José Císcar (Alicante) que Fabra fulminase -sin consultarles- a los tres delegados del Consell, que eran hombres de su confianza. El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha visto además mermada su influencia en el Palau con los cambios realizados en el organigrama.

Precisamente Císcar, que en los dos años de Fabra ha ejercido de cortafuegos del presidente y se ha centrado en la gestión política, parece dispuesto a activar ahora el PP en Alicante, faceta que ha descuidado y donde ha habido luchas internas. Ayer emitió un comunicado en el que "reclama" a la dirección provincial más presencia en los municipios.

Mañana lunes protagonizará una cena-homenaje por su primer año en el cargo en la que se espera la asistencia unos 700 cargos. Císcar sigue el ejemplo de Rus: el control del territorio para garantizarse su influencia como barón provincial dentro del PPCV.