El Tribunal Superior de Justicia ha decidido suspender cautelarmente la disposición de la orden de la Conselleria de Sanidad que regula la jubilación forzosa del personal sanitario y paralizar, también de forma cautelar, la disposición del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que contemplaba esa medida.
Según los autos, hechos públicos hoy por el CSI·F, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV atiende así el recurso presentado en junio por este sindicato, según el cual la Conselleria no podrá ahora jubilar a unos 600 sanitarios a los que les había concedido antes una prórroga laboral.
La Conselleria asegura no tener aún comunicación oficial de esa suspensión cautelar. "Si dicha comunicación se produjera, la Conselleria paralizaría temporalmente la aplicación de la orden de jubilaciones a la espera de que el Tribunal se pronunciara sobre el asunto", ha añadido.
El pasado 7 de junio, el pleno del Consell aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de las instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad, aunque dejó para un decreto posterior la regulación de la jubilación del personal sanitario.
Este plan, que prevé la jubilación de los profesionales a los 65 años, excepto aquellos que aporten un "valor añadido", es "algo más amplio" que el asunto de la jubilación, según explicó entonces el portavoz del Consell, José Císcar.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha decidido, en un auto, suspender cautelarmente la disposición de la orden que regula la jubilación forzosa del personal sanitario, y en otro paralizar, de manera cautelar, la disposición del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que contemplaba esa misma jubilación.
En la práctica, según el sindicato CSI·F, significa que Conselleria no podrá jubilar a unos 600 sanitarios a los que les había concedido antes prórroga laboral.
Este sindicato recurrió el pasado mes de junio ante el TSJCV para pedir la suspensión cautelar de los expedientes de jubilación forzosa iniciados por Sanitat, a pesar de que previamente había concedido una prórroga laboral a estos profesionales con más de 65 años, según el sindicato.
La central sindical considera que estas decisiones judiciales "permiten mantener en sus puestos a profesionales de acreditada experiencia, en plenas condiciones y a los que el Consell quería excluir del sistema".
CSI·F resalta, además, que "no tenía sentido aplicar esa orden con efecto retroactivo y desfavorable".
"Si primero había concedido la prórroga no podía, posteriormente, revocarla, ya que ocasionaba un grave perjuicio a los afectados porque les privaba de su derecho a continuar con la prórroga en el servicio activo cuando no existía razón objetivo para ello", han añadido las mismas fuentes.
