Alrededor de 60 jóvenes han ratificado su querella contra la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, los mandos de la policía nacional y 200 agentes antidisturbios por los hechos sucedidos durante las jornadas de protesta celebradas en febrero de 2012 y conocidas como la primavera valenciana. Los denunciantes acusan a De León y los agentes de prevaricación, amenazas, coacciones y falsedad documental, según el escrito presentado ante el juzgado de instrucción.
Los hechos ocurrieron el 17 de febrero 2012. Según explican los querellantes en la denuncia, unas 250 personas se encontraban en las inmediaciones de la comisaría de Zapadores de Valencia protestando por los arrestos del día anterior, cuando fueron "detenidos y privados de libertad durante varias horas, hasta cuatro en la mayoría de los casos por los antidisturbios". Según apuntan, sufrieron "amenazas y agresiones" por parte de los agentes.
Además, a muchos de los presentes se les identificó y abrió un proceso administrativo "indiscriminado" que acabó con importantes multas para estas personas, en algunos casos menores de edad. Según los denunciantes, estas sanciones son ilegales. Esta es la segunda querella por la primavera valenciana que se presenta contra De León, la primera fue archivada.
