El Síndic denuncia que el Servicio de Conciertos «carece de información de gestión con carácter periódico» para verificar la actividad concertada y advierte que ha detectado «numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas». Algunas a favor de Sanidad y otras, la mayoría, de la UTE. Según explica, la adjudicataria le indicó que esas incidencias fueron detectadas en 2012 tras una revisión interna. El resultado en los hospitales de Valencia y Castelló ha supuesto «discrepancias» en la facturación en el periodo 2008-2012 que supondría que la firma tendría que pagar al Consell 1.873.000 euros.

Un abono que no se ha materializado. En alegaciones, prosigue el auditor, la firma explicó al Síndic que ya ha completado la revisión interna, que incluye Alicante, de forma que es el Consell el que le tiene que abonar 97.160 euros. Un dato sorprendente ya que supondría que Alicante, que absorbe el 33 % de la facturación, recuperara los 1,8 millones en errores de Valencia y Castelló. La posible compensación a favor de una u otra parte «debería ser cuantificada» en una comisión paritaria que, en alegaciones, se indica que se constituyó en julio de 2013. Una comisión de control que debía estar en marcha desde 2008.

El informe alerta de que en seis de los nueve hospitales fiscalizados el control de las prestaciones concertadas «es parcialmente efectivo, y en dos, el control es no efectivo. Tan solo el control ejercido por el Hospital La Fe puede considerarse efectivo».

El socialista Ignacio Subías reclamó la comparecencia urgente del conseller Manuel Llombart para que aclare «el despilfarro de la privatización de este servicio». Fran Ferri (Compromís) pidió una comisión de investigación para saber «qué intereses ocultos se esconden detrás de una privatización que contó con la opinión contraria de las sociedades científicas de radiología» y que ha supuesto «un negocio de más de 767 millones entre 2000 y 2018».