No alcanza la longevidad política ni la capacidad de metamorfosis de Rafael Blasco, pero Serafín Castellano ha acreditado de sobra su versatilidad. No en balde ha sido conseller (de Justicia y Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación) durante doce de los 18 años de régimen popular en la Comunitat Valenciana. Y pese a sus muchas ocupaciones y a compatibilizar cargos en el Consell con el partido „hoy es también secretario general del PP, «número dos» de Alberto Fabra„ siempre se ha reservado tiempo para una de sus grandes pasiones: la caza. Entre quienes han compartido jornadas cinegéticas con Castellano hay contratistas de la Generalitat. Incluso empresarios a los que ha adjudicado, con firma de su puño y letra, contratos millonarios. Es el caso del director general y dueño de la empresa aeronáutica Avialsa T-35. Vicente Huerta y Castellano han saboreado cacerías, acompañados por otros empresarios y algún dirigente de una importante sociedad pública, según fuentes conocedoras de estas excursiones de fin de semana. Caza menor. Patos, para más señas.
El contrato que la Conselleria de Gobernación otorgó, por tramitación urgente, a Avialsa el 1 de marzo de 2010 era caza mayor. Su importe alcanzó exactamente los 22.657.852 euros. La empresa de Huerta, una de las más importantes compañías europeas de aviación en la lucha contra el fuego y en la fumigación de campos, resultó concesionaria por esa cantidad del servicio de aviones destinados a las tareas de extinción de incendios forestales en la C. Valenciana. El conseller Castellano firmó la resolución el 17 de marzo de 2010. Avialsa, que cuenta con la mayor flota de España de aeronaves para la lucha contra incendios, construyó un aeródromo en Viver, convertido en su principal base logística, tras haber logrado el 2 de febrero de 2007 la autorización de la Conselleria de Territorio para poder construir el centro de vuelos en suelo no urbanizable. Las instalaciones acogen también a Air Tractor Europe, firma del grupo Avialsa que tiene la representación para Europa, Norte de África y Oriente Medio de americana Air Tractor, uno de los más importantes constructores mundiales de aviones para la extinción de incendios.
Cuando Gobernación adjudicó el contrato de Avialsa hacía poco más de un año que, en febrero de 2009, había estallado el escándalo de los contratos otorgados a dedo y de forma reiterada por Castellano a su amigo José Miguel Pérez Taroncher, con quien también va de caza y juega a pilota valenciana. En total, las empresas del constructor de la Pobla de Vallbona (Construcciones Taroncher y Asociados, Construcciones Pérez Taroncher y Jopeta Gestión de Patrimonios) se llevaron más de 200 encargos menores „si superaban los 50.000 euros se fraccionaban para darlos a dedo„ entre 2000 y 2008. Por un total de 7 millones de euros. Alrededor de 1,7 millones se los adjudicó Castellano cuando era titular de Sanidad.
Para camuflarse del escándalo, Taroncher montó DV-Cuatro, a nombre de sus hijos, para seguir trabajando con la Generalitat. Todos estos contratos con Taroncher motivaron la presentación de una querella, el pasado 19 de junio, por parte de la Asociación contra la Corrupción en la C. Valenciana, que acusa al conseller de prevaricación, malversación de caudales públicos, delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y abuso en el ejercicio de la función. El TSJ valenciano pidió a las Corts que acreditara la condición de aforado, en tanto que diputado, del conseller y el pasado martes el tribunal valenciano preguntó a Fiscalía si es competente para investigar las adjudicaciones del conseller a las mercantiles de Pérez Taroncher.
La relación de Castellano con Taroncher es muy estrecha. El 14 de agosto de 1996, el empresario y su esposa, María Ángeles González, constituyeron la empresa Construcciones Taroncher y Asociados. Hacía escasos meses que Castellano había colocado a «Marian» en el grupo popular de las Corts.
El matrimonio tomaba posiciones para hacer negocios. Los años 2007 y 2008 fueron, sin duda, los del «boom» económico para la pareja. Castellano ya llevaba años fuera de Sanidad, conselleria cuya puerta abrió a Taroncher. Acampó allí y no paró de pescar contratos. En esos dos ejercicios se llevó casi dos millones de euros solamente en el hospital la Fe por trabajos de refuerzo de la estructura del pabellón central. Unos contratos plagados de irregularidades hasta el punto de que una de las facturas, por 498.025 euros, pudo pagarse gracias a que el director del Área de Salud 7 tuvo que certificar que los trabajos se habían realizado e invocó el principio de «enriquecimiento injusto» de la Administración si no pagaba. El entonces conseller Manuel Cervera amnistió luego todas las ilegalidades cometidas „no había ni expediente„ para que Taroncher pudiera cobrar.
El 92% de la facturación de las empresas de este constructor es pública. Pero ha tenido clientes privados. Algunos ilustres. Por ejemplo, la actual secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá. Taroncher hizo en 2004 una reforma en casa de la que es mano derecha de Castellano. Los trabajos costaron unos 26.000 euros. Quinzá declaró a este diario que pagó las obras, pero no recordaba el precio ni conservaba, dijo, las facturas. De entrada, ni siquiera recordaba si la obra la había hecho Taroncher. En la segunda mitad de 2007, el constructor compatibilizó las obras de la Fe con la reforma de los dos cuartos de baño de la vivienda de la que era directora económica del hospital, María Fernanda Saiz, quien luego fue secretaria de la Sindicatura de Comptes.
