El constructor José Miguel Pérez Taroncher, favorecido por el conseller Serafín Castellano con la adjudicación reiterada de obras a dedo, no tiene motivos para quejarse de la habitual morosidad de la Generalitat. Un 28 de diciembre de 2007, Construcciones Taroncher y Asociados emitió una factura de 1,2 millones de euros por unas obras de refuerzo estructural del pabellón general de la Fe plagadas de irregularidades. En apenas 50 días le ingresaron el dinero en el banco. A mediados de febrero de 2008.
El otro empresario que es compañero habitual de cacerías del titular de Gobernación es Vicente Huerta, director general y dueño de la empresa Avialsa T-35, a la que Castellano adjudicó, en resolución firmada el 17 de marzo de 2010, el servicio de aviones para la extinción de incendios por un importe total de 22,6 millones de euros. Huerta, como Pérez Taroncher, tampoco sería admitido en el club de los afectados por los impagos de la Generalitat. La Conselleria de Gobernación y Justicia "no adeuda a la empresa Avialsa T-35 cantidad alguna correspondiente a los ejercicios 2010, 2011 y 2012". Lo proclamó el propio conseller Castellano en una respuesta parlamentaria al grupo socialista de las Corts. El departamento competente en la lucha contra incendios cumple sus obligaciones de pago con la concesionaria de las aeronaves encargadas de combatir las llamas con un nivel de celo que está por encima de la media del Consell. Así, en mayo, que es cuando se formuló la pregunta, la empresa con base en el aeródromo de Viver ya había ingresado 171.309 euros con cargo al actual 2013, según reconoció la propia Conselleria de Gobernación.
El calendario de pagos ejecutados a Avialsa T-35 y a Pérez Taroncher ha sido superado, en cuanto a prontitud, por pocas empresas. Un de las que cobró con mayor rapidez es la constructora Teconsa, la empresa utilizada por la red Gürtel para pescar el contrato de sonorización e instalación de pantallas para la cobertura de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. RTVV le adjudicó el contrato madre de aquella fiesta por 7,49 millones de euros. El 80% de esa cantidad fue ingresada a la sociedad ligada a Correa antes de que se celebrara el V Encuentro Mundial de las Familias. El 20% restante fue abonado dos semanas después del evento, de forma que al acabar aquel mes de julio no sólo estaba ya cobrado todo el contrato, ahora investigado por el TSJ valenciano, sino que ya se habían repartido las comisiones, según un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).
Líderes en morosidad
Toda esta celeridad en los pagos a algunos proveedores y contratistas públicos contrasta con la morosidad de una Administración autonómica que adeuda facturas de hasta hace tres años, por ejemplo en el caso de algunas productoras de Canal 9. Una Generalitat que ha provocado el cierre por impago o el despido de trabajadores en centros de salud mental, que recortó ayudas a comedores escolares o que ha ahogado económicamente a centros de menores de Alicante, que han tenido que abonarse a los bancos de alimentos para poder servir comidas. La Generalitat es, de hecho, líder en deudas a proveedores y contratistas con un total de 3.812 millones de euros pendientes de abono, cantidad incluida en el nuevo plan de pago a proveedores elaborado por el Gobierno y que alcanza un total de 15.324 millones para el conjunto de España. La C. Valenciana representa, así, casi el 25% de la cantidad que el Ejecutivo central puso sobre la mesa para la segunda entrega de esta medida de auxilio autonómico, según consta en la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas.
Precisamente en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, Gobernación arrastra una deuda con la empresa pública estatal Tragsa, que aporta brigadistas forestales de primera intervención en los fuegos. El propio Serafín Castellano certificó el 28 de abril de 2011 un reconocimiento de deuda con esa firma medioambiental que superaba los 70 millones de euros. Se aprobó entonces un calendario de pagos que comprendía la obligación de satisfacer un millón en ese mismo ejercicio, otros 22,4 millones en 2012 y sendas cantidades de 23,4 millones en los años 2013 y 2014. A las dificultades de poder hacer frente a ese calendario se suma el hecho de que la colaboración de la empresa estatal con la Generalitat a través de encomiendas anuales sigue vigente, por lo que se van generando más facturas pendientes. Así, el año pasado el Consell debía haber pagado otros 20,2 millones por los nuevos servicios prestados por Tragsa. Gobernación se negó a facilitar al PSPV de las Corts información sobre el estado exacto de la ejecución del plan de amortización de esa deuda. En todo caso, una parte de los 63,7 millones que la Conselleria de Gobernación tiene presupuestados para la prevención de incendios en este 2013 se dedica a ir rebajando el endeudamiento.
"Una organización perfecta"
De las cuentas pendientes con Tragsa y del estado de los pagos a Avialsa T-35 han tenido mucho tiempo para hablar el conseller Serafín Castellano y el empresario de Sagunto, propietario de la compañía aeronáutica. Porque han sido unos cuantos los fines de semana de cacería compartidos. Las jornadas de cacería, escopeta con escopeta (y en alguna ocasión con subfusil), han sido tan habituales y organizadas con tanto esmero que alguno de los asistentes sufrió un ataque de discreción y llegó a llamar la atención y a alertar de una situación que consideraba un "escándalo".
El conseller y el máximo ejecutivo de la firma de aeronaves con base en Viver no estaban solos en el monte. Desde luego que no. A esas partidas de caza han acudido con asiduidad otros empresarios y algún cargo público que también tiene competencias en el sector en el que la empresa de aviones hace sus negocios.
