Nadie va a librarse del copago en el ámbito de los servicios sociales. La Conselleria de Bienestar Social publicó ayer el decreto que extiende el copago a los discapacitados no dependientes que necesiten recurrir a residencias, centros de día y de noche, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros de rehabilitación e integración social y viviendas tuteladas. Hasta ahora, los mayores valencianos no dependientes copagaban desde 1993 por los servicios públicos (o concertados) que necesitaban. Los dependientes empezaron a estar obligados a sufragar una parte de los servicios a partir del 1 de noviembre de 2012 (aunque en la práctica todavía no se haya aplicado en la mayoría de casos por dificultades técnicas a la hora de calcular la rentas). Desde hoy entra en vigor la nueva normativa, que incorpora al copago a los únicos que escapaban de él: las personas con discapacidad que no tienen reconocida la dependencia.
Los precios que deberán pagar los usuarios, dictados en cumplimiento de una normativa estatal -que sólo faltaba por implantar en Madrid y la Comunitat Valenciana, según fuentes de Bienestar Social- se establecerán en función de la renta del usuario, de su situación y de las características del servicio demandado.
Desde el punto de vista de la Generalitat, esto pone fin a una "inequidad": que los dependientes tuvieran que abonar una parte del coste de los servicios sociales -desde el año pasado- y que, en cambio, las personas con discapacidad no soportaran un copago. Era, en palabras del propio decreto, "un tratamiento económico desigual e injustificado entre aquellas personas que van a recibir idénticos servicios de la Administración competente, aunque por distinto concepto".
La interpretación cambia desde otras instancias. Jaime Esteban García, coordinador de la Plataforma en defensa de la dependencia de la Comunitat Valenciana, denuncia que "primero recortaron salvajemente la Ley de Dependencia y ahora, con la excusa de igualar el copago en las plazas públicas, vuelven a recortar otro sector usuario de los Servicios Sociales limítrofe con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Es otro recorte más que afecta al sector de Servicios Sociales que quedaba fuera de la Ley de Dependencia". Las consecuencias, a su juicio, pueden ser fatales. "Las residencias y centros de día -augura- verán como muchos usuarios no pueden copagar los servicios que les están dando ahora mismo y serán las familias las que asuman ese gasto o tengan que sacarlas y llevarlas a su casa de nuevo"
Persecución de deudas
El decreto publicado ayer, fruto de un acuerdo alcanzado en el último Ple del Consell, trasluce el rigor recaudatorio de la nueva normativa. En el copago para las residencias, se advierte de que "en los casos en que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio, procederá el reconocimiento de deuda correspondiente en su caso". Lo que no detalla la Generalitat es cómo cobrará esa deuda.
