Dirigentes del PP no salen de su estupor ante la imagen publicada en exclusiva por Levante-EMV de una de las cacerías de patos a la que ha acudido el número dos popular y titular de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, con el dueño de la empresa Avialsa T-35, a la que el propio conseller adjudicó en marzo de 2010 un suculento contrato de 22,6 millones por el servicio de aviones para la extinción de incendios durante cuatro años. «Como mínimo, es antiestético», apuntó ayer en privado un importante cargo del PPCV, quien no dudó en recalcar que en el comportamiento de los responsables públicos «estas cosas hay que mirarlas».

«Hay que guardar las formas», recalcó otro alto dirigente popular, que no ocultó su contrariedad por unos hechos que ahora, en el actual contexto de descrédito creciente de la clase política y, singularmente, del PP, acorralado por la polémica de los sobresueldos y la supuesta contabilidad b de Génova, es plomo en las alas del partido de la gaviota. «No nos hace ningún favor», constató un dirigente popular. Otro señaló que, siendo «pecado», no es «pecado mortal». «Lo realmente grave es lo otro que se insinúa», deslizó en referencia al interrogante sobre quién pagaba las cacerías y si de esa relación se desprende algún tipo de trato de favor del empresario.

«Sólo gráficos» para Fabra

En el caso de Castellano, además, la confusión entre contratos y relaciones de amistad con los beneficiarios no es nueva, toda vez que la gestión del secretario general del PPCV ya está cuestionada por los encargos al constructor y amigo personal, Taroncher. Estos días, al mutismo del PPCV —ningún responsable popular ha salido en defensa del número dos—, se suma el silencio del propio presidente de la Generalitat y del partido, Alberto Fabra. Éste hizo ayer una visita al Archivo del Reino de Valencia pero la convocatoria a los medios no era abierta: «Sólo gráficos». De este modo se evitó preguntas sobre el caso. Como publicó este periódico, el PP en tromba, incluido Castellano, arremetió en su día contra el exministro Fernández Bermejo por acudir a una cacería en la que también participaba Garzón, en los inicios del caso Gürtel. Sin contratos de por medio. «Quien la haga que la pague», fue la sentencia entonces de Castellano.