El candidato que apadrinó el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, para el congreso del partido en el Camp de Morvedre, Francisco Huguet, trabaja para Vicente Huerta, el contratista de la Conselleria de Gobernación que se va de caza con el conseller. Según explicó Huguet a Levante-EMV, su labor en el grupo Avialsa consiste en realizar tareas financieras en la mercantil y operar como responsable de relaciones institucionales con los Gobiernos autonómicos y central que les adjudican servicios. Huguet es alcalde de Quartell, municipio de 1.200 habitantes, y no cobra sueldo del ayuntamiento, sino que sus ingresos proceden del sector privado.

Huguet fue el peón de Castellano en su lucha con el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por controlar el partido en la provincia de Valencia. Pese a ser apadrinado por Castellano y ocupar hasta el congreso el cargo de presidente del PP en el Camp de Morvedre, perdió frente al candidato del alcalde de Xàtiva, Filiberto Prats, que le venció por un voto el pasado año.

Huguet, como Castellano, fue de los que abandonaron el zaplanismo para abrazar el campismo tras la guerra fratricida de los años 2004 y 2005. Fue vicepresidente cuarto de la Diputación de Valencia, diputado de Economía y Hacienda y antes, secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Coincidiendo con la llegada de Rus a la presidencia de la Diputación de Valencia en 2007, Francisco Huguet dejó el sector público y fichó por el grupo Avialsa.

El peón de Castellano trabaja desde hace "siete u ocho años" para el contratista de Gobernación. "Cuando yo llegué a la empresa el servicio de extinción ya lo tenían desde el año 1983", explicó. Huguet es apoderado de la entidad lo que le da poderes, "junto a otra persona", para realizar los pagos de la mercantil de "menos de 10.000 euros". Además, es responsable institucional de la sociedad aunque en el organigrama de la misma no figura como tal. "Cuando hay que hablar con las administraciones lo hago yo", argumentó.

Huguet aseguró que no ha tenido nada que ver en el contrato que en 2011 adjudicó la Conselleria de Gobernación a Avialsa y "en ningún otro" de los que haya tenido con la administración valenciana. "Avialsa tiene la adjudicación de los incendios de manera continua desde hace 30 años y es la única empresa que tiene los medios para concurrir", defendió el trabajador de Avialsa, al tiempo que puntualizaba que "todos los contratos se han publicado en el Boletín Oficial del Estado y el DOCV para que se presente quien quiera". Además, recordó que la sociedad para la que trabaja lo ha hecho en Cataluña, "para CiU y el tripartito", y en Andalucía.

Huguet es acalde de Quartell desde hace 25 años y, según ha defendido en otras ocasiones, no ha cobrado de su municipio. Primero porque fue diputado provincial o responsable en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, posteriormente, al irse al sector privado, concretamente a la contratista.

Como contó este periódico el pasado domingo, Serafín Castellano se fue de caza con Vicente Huerta, propietario de la empresa Avialsa, mercantil que en 2010 recibió un contrato de 22,6 millones de euros de la Conselleria de Gobernación por prestar el servicio de aviones para la extinción de incendios.

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, también ha realizado otras adjudicaciones con la empresa que dirige su compañero de cacerías. Al margen de los 22,6 millones que el titular de Gobernación otorgó a Avialsa para sofocar los fuegos en los montes valencianos desde 2010 hasta 2013, se suman otros 11,1 millones por idéntico concepto, pero que abarcan justo los dos años anteriores. El 4 de febrero de 2008, con Castellano al frente de la Conselleria de Gobernación, la Generalitat adjudicó a esa empresa el servicio de extinción de incendios para el bienio 2008-2009. Varios aspectos coinciden entre aquella adjudicación y la última. La más llamativa es que Avialsa se hizo con ambas con una oferta prácticamente idéntica al presupuesto base de licitación. Habitualmente, según apuntan fuentes económicas, las empresas que concurren a los concursos públicos suelen presentar propuestas sensiblemente inferiores al precio inicial que fija la administración. En este caso ocurrió todo lo contrario. En la primera adjudicación, la de los años 2008 y 2009, la empresa de Vicente Huerta ofertó la misma cantidad que marcó el Consell: 11.172.035,69 euros. Y obtuvo el contrato. El 17 de marzo de 2010, cuando cristalizó la segunda gran adjudicación, Avialsa hizo una rebaja mínima sobre el presupuesto base de licitación. Optó al contrato con 4.500 euros menos de la oferta inicial de la Generalitat. Fue la única que se presentó, esta vez por un contrato de cuatro años. a. fernándezalicante

El grupo Avialsa, entre cuyos fines se encuentra el mantenimiento de varias flotas de aviones, tanto de aeronaves destinadas a la fumigación como a lucha contra incendios forestales, negó ayer "cualquier trato de favor" de la administración valenciana o de cualquier otra para que la empresa trabaje o haya trabajado y subrayó que realiza sus servicios para la Generalitat desde 1983, aunque la primera campaña contra incendios que llevó a cabo en la Comunitat Valenciana se remonta a 1973. Así indicó en un comunicado, firmado por el presidente del grupo, Vicente Huerta, tras las informaciones publicadas por este periódico que revelan que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, participó en cacerías con este empresario al que adjudica contratos. Avialsa recalcó que se creó en 1965 y subraya que en sus 40 años de existencia ha trabajado para la Generalitat "y otras administraciones de todos los signos políticos". Asimismo, incidió en que, como empresa de carácter nacional, también opera y ha operado con otras comunidades autónomas como Baleares, Cataluña o Galicia y en países como Italia, Francia o Portugal. Desde la mercantil apuntaron que "siempre" han actuado "como no puede ser de otra manera conforme a la ley y a los procedimientos de contratación". La empresa anunció que se reserva "todas las acciones legales, civiles o penales pertinentes por los daños y perjuicios que le puedan ocasionar dañando la imagen de la mercantil". europa pressvalencia