El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dio a conocer ayer la propuesta del Gobierno para el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar (PHDJ) que recoge prácticamente en su integridad las demandas de Castilla-La Mancha y prorroga un falso equilibrio entre las demandas hídricas y el agua realmente disponible.
El proyecto del nuevo Plan Hidrológico del Júcar contempla inversiones por 5.173 millones de euros en materia medioambiental y de infraestructuras.
El nuevo plan es un claro heredero del pactado en 1998 por Eduardo Zaplana, José Bono y el ministro Jaume Matas, aunque ahora existe el reconocimiento explícito en su articulado de las peticiones de los regantes de Albacete y el Gobierno de Maria Dolores de Cospedal -que han mantenido una voz única en la negociación- y la admisión de un desequilibrio entre lo que se exige al río y lo que éste aporta.
El plan, saludado desde primera hora de ayer con alborozo en la vecina comunidad autónoma de Castilla-la Mancha, contempla unos recursos disponibles en la red fluvial de 3.056 hectómetros cúbicos y unas demandas reales de 3.113 hectómetros cúbicos.
El déficit es tan evidente que el nuevo plan, a diferencia del de 1998, incluye un apartado específico-artículo 33- para hablar de las "demandas no atendidas con recursos propios".
Así, el PHDJ "reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes , las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos" establecido en el documento.
"Se requiere por tanto el aporte de recursos cuyas características y procedencia serán determinados por el Plan Hidrológico Nacional", añade el documento. Una aportación que parece descansar en la posibilidad de un trasvase u otras fórmulas a las que se encomienda la solución de problemas de tanto calado como la reducción de las extracciones de agua subterránea en La Mancha Oriental (60 hm3); atender "los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de nuevos regadíos" de agua subterránea en Albacete (60 hm3); atender los volúmenes de agua superficial correspondientes al Canal Júcar-Turia (55 hm3) y satisfacer la demanda agrícola correspondiente a derechos y redotaciones en el sistema Vinalopó-Alacantí (70 hm3/año). En conjunto 245 hectómetros que no están en el río y de los que no se dice de dónde saldrán.
El plan otorga "la máxima prioridad" a los riegos tradicionales del Júcar. Alude a su carácter histórico en una impactante frase redactada de la misma manera en el plan anterior aunque ahí se acaba una "preferencia" que vienen acompañada de una reducción de las concesiones de agua del Júcar justificada en los ahorros obtenidos en la modernización del regadío.
Los caudales de la modernización no irán directamente a la Albufera sino a los regadíos de Castilla-La Mancha y a cubrir el déficit del canal Júcar-Turia. Si se consideran "excedentes" podrían acabar también cubriendo "el déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina".
Tal como adelantó Levante-EMV, el nuevo plan sustituye los "sobrantes" a los que aludía el documento en vigor por "excedentes", cuya definición aplaza al momento en el que se elaboren las normas de explotación. Colectivos y regantes de la Ribera creen que así se abre el camino a una segunda toma en Cortes de Pallás que rechazan.
La Mancha gana
Albacete, que hasta hace poco tomaba agua de pozos, recibe una asignación de 24 hm3 más 7 hm3 de reserva de agua superficial del Júcar. A los regadíos de la Mancha Oriental se asignan 320 hm3 de recursos subterráneos más 80 hm3 de aguas superficiales para sustituir los bombeos actuales y en teoría permitir la recuperación del río en su tramo medio. No obstante desaparece la obligatoriedad de clausurar pozos que sí figuraba en el anterior plan.
Después de otorgar 400 hm3 al regadío de Albacete (320+80) el documento admite que los derechos de agua concedidos por el Gobierno a los regantes de esta zona superan en 60 hm3/año el agua disponible. Sin embargo, amplia la posibilidad de legalizar algunos regadíos puestos en marcha irregularmente en la zona en los últimos años y para dotarlos establece una nueva reserva sobre aguas del Júcar 65 hm3.
Pese a que el plan habla de sustitución paulatina de las extracciones de agua subterránea que afectan al caudal del río, el objetivo de los cumplimientos medioambientales se aplaza hasta el año 2027.
El PHDJ debe superar la fase de exposición pública que se prolongará durante seis meses y ser aprobado por el Consejo Nacional del Agua antes de convertirse en un real decreto.
