El informe "Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia", de la plataforma "Yo sí Sanidad Universal", destaca que desde la aprobación del decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad sanitaria, en la Comunitat Valenciana "en la práctica, los casos de exclusión se han ido dando desde el primer día por la desinformación entre las personas usuarias y la parte trabajadora del sistema de salud, y la arbitrariedad en la atención".
En este informe en el que se recogen los diferentes criterios de algunas comunidades autónomas a la hora de atender en la sanidad pública a personas en situación irregular y los obstáculos que se han producido al atender a embarazadas, menores y en Urgencias (supuestos que sí están contemplados en la Ley), critica la "ambigüedad" de las instrucciones de la Conselleria de Sanidad a la hora de aplicar el decreto estatal, que provoca que cada cual las interprete a su manera. Desde quien considera que se deben cumplir con los criterios de universalidad y atender a todas las personas, hasta quienes interpretan que se deben facturar".
"Al final -continúa el informe-, la normativa deja a voluntad del personal administrativo y sanitario decidir a quién se atiende y a quién no, con la responsabilidad y riesgos que ello conlleva. Esto propicia que los prejuicios que pueda tener una persona con este poder decisor sobre el colectivo migrante, determine en muchos casos que alguien pueda recibir atención".
