Unas 250 personas se concentraron ayer en la plaza de la Virgen de Valencia para protestar contra el Real Decreto que desde el 1 de septiembre de 2012 ha supuesto la pérdida de la tarjeta sanitaria SIP para más de 830.000 personas en toda España, según datos del propio Ministerio de Sanidad. Durante la protesta, los organizadores hicieron mención a la instrucción de la Generalitat que ha hecho pública Levante-EMV y que supone, en la práctica, que los inmigrantes "ilegales" y sin recursos empadronados desde hace un año o más en la Comunitat Valenciana vuelvan a disfrutar de atención sanitaria gratuita y del abono del 60 % de los medicamentos que adquieran.
Así, en el manifiesto leído ayer por el representante de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants, Chema Toribio, se señalaba que "la Conselleria de Sanidad ha reconocido la grave vulneración de derechos que supone el RDL 16/2012 y va a poner en marcha un programa para devolver la atención sanitaria a todas las personas inmigrantes. Lamentamos que hayan tardado 366 días en hacerlo. Esperamos que la medida sea de aplicación inmediata, es decir desde el lunes, como lo fue la aplicación del Real Decreto". "El Consell ha reconocido que hacer pagar por la salud era un error", añadió después Toribio en declaraciones a este periódico.
Lo cierto es que la mayoría de las personas que participaban en la concentración de ayer ven con satisfacción este Programa Valenciano de Protección de la Salud, ya que, a su juicio, reconoce la situación de vulnerabilidad de miles de inmigrantes sin recursos, pero también la consideran incompleta y con importantes lagunas.
Paulina Cardona, de la Plataforma en Defensa de la Tarjeta Sanitaria para Inmigrantes (entidad formada por una docena de asociaciones) calificaba la medida de "buena, pero no integradora, porque sólo se aplicará en la Comunitat Valenciana. La sanidad debe ser universal y gratuita". Cardona lamentó también que "colectivos extremadamente vulnerables como lo son tantas familias inmigrantes, aún tendrán que hacer frente al 40 % del coste de los medicamentos".
El médico Carlos Fluixà, miembro del observatorio Odusalud, consideró la medida como "un primer paso, pero no el definitivo. Es lo mínimo que se debería hacer ya que sigue habiendo unos mínimos que no se contemplan, cómo qué pasará con los inmigrantes nuevos". Fluixà aseguró que "para que haya una verdadera equidad, el paso que se tiene que dar es derogar el Real Decreto. Lo que ha hecho la Generalitat es poner un parche a la ley del Gobierno porque se ha demostrado que ni era solidaria, ni equitativa ni eficiente".
"Es difícil saber la cifra"
Por su parte, la Conselleria de Sanidad confirmó ayer la puesta en marcha de este programa desde el pasado 1 de agosto, tal como adelantó este periódico el pasado sábado, y señaló que "al ser un programa reciente y encontrarse en plena implantación, es difícil establecer una cifra de ciudadanos que cumplen los requisitos y pueden incluirse en el programa". Por ello, en Sanidad estiman que a finales de este año se podrán facilitar más datos. Aún así, se sabe que alrededor de 15.000 personas contaban hasta hace un año con la tarjeta sanitaria para "sin recursos" y que las ONG calculan que otros 40.000 inmigrantes ilegales residentes en la Comunitat Valenciana podrían acogerse a este programa.
