También contra Alfonso Bataller

El fiscal archiva la denuncia contra Fabra de la Asociación contra la Corrupción

Ricard Cabedo no ve delito en que los asesores del grupo municipal de Castelló trabajen en el PP

05.09.2013 | 01:18

La llamada Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana suma un nuevo fracaso en su intento de inhabilitar en los tribunales al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a su número dos, Serafín Castellano. La fiscalía de la Comunitat Valenciana ha archivado la denuncia que este colectivo formuló contra el jefe del Consell y el alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por el nombramiento en junio de 2011 de dos asesores para dos puestos de trabajo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló y que, según los denunciantes, trabajan en realidad en la sede del PP.

La iniciativa causó revuelo en su momento porque aunque se refería a un caso de hace años apuntaba directamente al presidente de la Generalitat, quien se exponía, si la denuncia prosperaba, a quedar imputado con las consecuencias políticas que ello conllevaba. La asociación registró la denuncia contra Fabra en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y la anunció en rueda de prensa en compañía del sindicato Manos Limpias. El escrito, que acabó remitiéndose a la fiscalía de la Comunitat Valenciana, no ha tenido recorrido alguno. El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, en un escrito que lleva firma del 31 de julio da carpetazo a la denuncia al descartar que en el nombramiento de los citados asesores «ni en el ejercicio posterior de la función» ningún «actuar penal».

Es más, el fiscal sostiene que «el grupo municipal popular destina a sus auxiliares al lugar que estima le puede prestar mejor servicio».

Los denunciantes se acogían al decreto firmado por Fabra el 20 de junio de 2011 —apenas una semana antes de llegar al Palau de la Generalitat— y ratificado después por su sucesor en el que se contrata a dos eventuales. La entidad sostenía que estas personas «en ningún momento ejercen función alguna en el consistorio, sino que prestan sus servicios en la sede del PP en Castelló, percibiendo sus emolumentos a cargo del erario público». Solicitaban, además, que se citara a más de treinta personas para que certificaran que efectivamente los citados asesores trabajaban físicamente en el partido.

El fiscal, sin embargo, no ha practicado diligencia alguna, ya que sostiene que la gestión de este personal corresponde al grupo. Indirectamente, da cobertura legal a una práctica que es generalizada en muchas instituciones y partidos.

La Asociación contra la Corrupción también se ha visto con la puerta de la fiscalía en las narices en otra de sus denuncias, en concreto, la dirigida contra Serafín Castellano por el caso Over Marketing. El colectivo quería que se investigaran los contratos «irregulares» concedidos por la Conselleria de Sanidad entre el año 2000 y 2003, pero al fiscal Ricard Cabedo ha dado carpetazo al asunto al considerar que no existen elementos suficientes para mantener la denuncia.

El decreto del fiscal, que lleva firma del 31 de julio, evidencia el malestar de la fiscalía con los denunciantes, ya que les reprocha que se limitan a aportar «recortes de periódicos sobre la cuestión y no indican quien contrató esos servicios ni cuales son las irregularidades». La asociación registró la denuncia el 30 de julio y el fiscal archivó en tan sólo 24 horas. La actividad de la asociación ha despertado recelos desde el principio tanto en el ámbito judicial como en el político. De esta entidad sólo se conoce a su presidente, Enrique Soriano, mientras que su junta directiva permanece oculta. Según el propio Soriano detrás de la asociación hay profesionales y empresarios. Cabe recordar que la fiscalía también archivó la denuncia contra el conseller de Gobernación por presuntos casos de enchufismo. Solo queda viva la querella contra el también secretario general del PPCV por las supuestas adjudicaciones irregulares al empresario Pérez Taroncher.

Tal como informó ayer este diario, la Asociación no parece darse por rendida. Tras el archivo de la denuncia por nepotismo, ha presentado una querella en la que identifica los 31 casos de supuestos enchufismos. Han aportado, según aseguran, más de 700 folios; documentos en lo que quedaría acreditado que a lo largo de su carrera política Castellano abusó de su posición «para contratar a personas relacionadas con el a nivel familiar, político o de amistad».

Nuevas querellas
Fuentes de la asociación indicaron ayer a este diario que no descartan convertir en querella algunas de las denuncias que ahora se les han archivado y anticiparon que están preparando nuevas iniciativas jurídicas contra el presidente Fabra, el conseller Serafín Castellano y otros políticos cuya identidad no quisieron adelantar.

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