La juez abre juicio a Blasco por el saqueo de 1,8 millones

La magistrada destaca las presiones del exconseller para ocultar pruebas de las irregularidades de las subvenciones a la Fundación Cyes El auto precisa que solo llegaron a Nicaragua 43.000 ? de las ayudas

04.09.2013 | 13:26

La juez instructora del caso Cooperación, Pía Calderón, acordó ayer la apertura de juicio oral contra el exconseller Rafael Blasco y los otros ocho acusados por las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes, que compró inmuebles en Valencia con dinero que debía ir a Nicaragua. La magistrada detalla en un auto de 62 páginas contra el que no cabe recurso los indicios de criminalidad que ha encontrado contra los nueve procesados. Calderón destaca la supuestas presiones del exconseller para ocultar pruebas cuando se descubrió el fraude. La apertura de juicio se produce tras la decisión del TSJ de rechazar el último recurso de Blasco contra su procesamiento, como adelantó Levante-EMV el sábado.
La juez dividió en noviembre la causa en dos. La pieza que se va a juzgar ahora se centra en la presunta utilización de fondos para el desarrollo en Nicaragua por parte de la Fundación Cyes para comprar dos pisos, un entresuelo y un garaje en Valencia. La conselleria de Blasco concedió en noviembre de 2008 dos subvenciones a Cyes para construir pozos en Nicaragua por un importe de 1.827.804 euros. Las ayudas se tramitaron con los expedientes G0012/2008 y G002/2008. La Fundación Cyes destinó 969.875 euros al pago de los inmuebles, 456.690 euros fueron a la firma Gestiones e Iniciativas Arcmed (propiedad del empresario encarcelado) y a Nicaragua solo llegó 43.000 euros (menos de un tres por ciento). Además, Cyes obtuvo otras tres subvenciones menores.
La magistrada incide en el auto de apertura de juicio en que la conselleria no debió dar las subvenciones a Cyes porque incumplía requisitos básicos como tener experiencia. La juez advierte de que que Cyes "obtuvo las cinco subvenciones de modo injusto y tras haber sorteado -al menos en lo que se refiere a los dos grandes proyectos- la fase de control administrativo". Además, presuntamente se cometieron irregularidades como "la aceptación de facturas por gastos generados en Nicaragua y con pago en euros a pesar de que la moneda impresa en el recibo era la propia del país y no la europea".
El auto añade que la concesión arbitraria presuntamente contó con "el conocimiento, favor y participación de Rafael Blasco", que acudió a personas de su confianza para beneficiar a Cyes. Tras explicar las irregularidades, Calderón destaca que en el caso de Blasco "parece difícil que tan singular e irregular procedimiento se realice sin su conocimiento y consentimiento. Máxime cuando presionó a los integrantes de la comisión (evaluadora)" y cuando -según declaró el ex director general acusado, Josep Maria Felip- "estaba enterado de todo lo que pasaba en la conselleria y no se le escapaba detalle".
La magistrada ha llegado a la conclusión de que el exdirigente popular presionó para la destrucción y manipulación de pruebas. Además, requirió a los ordenanzas que le llevaran a su despacho los expedientes bajo sospecha.
El documento incide en que la conselleria remitió el 14 de octubre de 2010 un informe manipulado a la Fiscalía de Valencia para desvirtuar la denuncia que presentó la diputada socialista Clara Tirado, que fue la que destapó el caso.
La Fiscalía solicita 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco. La Abogacía de la Generalitat reclama que el exconseller cumpla 11 años de cárcel y 31 de inhabilitación. La Abogacía de la Generalitat entiende que el diputado autonómico pudo cometer cuatro delitos por firmar la subvención "a sabiendas de su injusticia", por presionar a los funcionarios, por ordenar manipular el informe para la Fiscalía y por no revocar las subvenciones. Los delitos son malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.

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