La Asociación contra la corrupción en la Comunitat Valenciana ha vuelto a denunciar al president de la Generalitat, Alberto Fabra, y al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, por supuestas irregularidades en la contratación de asesores, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Este colectivo ha presentado una querella, a la que ha tenido acceso EFE, ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, después de que la Fiscalía de la Comunitat Valenciana archivara el pasado 31 de julio la denuncia presentada por esta asociación contra Fabra y Bataller por los mismos hechos.
El presidente de la asociación, Enrique Soriano, considera en un comunicado que el fiscal jefe de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, "no debe de haber entendido bien el contenido de la denuncia -archivada-, pues estos dos asesores no ejercen función alguna para el Ayuntamiento, sino que realizan funciones de administración para el Partido Popular".
Asimismo, ha criticado la "poca valentía" de Cabedo "al no entrar a investigar el fondo del asunto a las puertas de jubilación" y le ha acusado de dejar abiertas, con su decisión, "unas opciones peligrosas", como que los políticos "puedan, con dinero público, contratar asesores y destinarlos a trabajos de su interés".
En este sentido, espera que el TSJCV "examine la querella, sabedor de la situación social en la que vivimos, y dedique su tiempo a investigar la posible comisión de unos delitos, en beneficio de todas las partes".
La asociación atribuye a ambos dirigentes públicos los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por contratar en 2011 como asesores del grupo popular del Ayuntamiento de Castellón a dos personas que, según denuncian, prestan servicios en la sede del PP de esta ciudad.
Según la querella presentada, tanto Fabra como Bataller "han utilizado y continúan utilizando el dinero público para satisfacer los sueldos de dos personas que no prestan servicio alguno en la Corporación local, sufragando los gastos de personal al servicio del PP", al que ambos dirigentes pertenecen.
Para esta entidad, resulta "cuanto menos paradójico" que los dirigentes políticos "exijan a la ciudadanía constantes sacrificios, recortando los servicios sociales más básicos, amparándose en la falta de fondos, y al mismo tiempo mantengan, con cargo al erario público, personas cuya única cualidad es su pertenencia o afinidad a un partido político".
En este caso, indican, "es evidente que se ha contratado vulnerando todos los principios y en base a razones de amiguismo y partidistas, encontrándonos ante una ilegalidad con conlleva un ilícito penal por parte de los querellados".
Alberto Fabra, tras conocer ayer el archivo de la denuncia presentada contra él por esta asociación, declaró en Alicante que esa entidad "solo buscaba con intereses muy concretos" su imputación.
