El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se metió ayer en harina para tratar de evitar que el próximo martes el Congreso de los Diputados rechace, con los votos de su partido, la toma en consideración de la reforma del Estatuto valenciano aprobada en las Corts para blindar las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana. A diferencia de Fabra, que en modo alguno tiene atado el voto de su partido, el secretario general del PSPV, Joaquim Puig, ya ha anunciado que el grupo socialista votará a favor. El veto del PP, con diputados valencianos incluidos votando no, sería un auténtico varapalo para la imagen de Fabra, que ya el año pasado tuvo que encajar el golpe de que su partido no aceptara las enmiendas valencianas a los presupuestos generales del Estado. El atolladero en el que se encuentra el jefe del Consell fue ayer objeto de comentarios en todos los corrillos en el cónclave celebrado en Gandia. Diputados valencianos e incluso miembros del Consell admitían en privado que la reforma estatutaria instada en época de Francisco Camps es un problema que no se ha sabido gestionar a tiempo. Con el debate ya señalado, retirar la propuesta es prácticamente inviable, aunque no se descarta ninguna opción, incluida pactar otro aplazamiento.

Con todo, y a cuatro días del debate, el PPCV mantiene la ilusión de convencer al Gobierno de que le acepte la reforma estatutaria. En principio, los populares no debería oponerse ya que aprobaron en su día la Carta Magna de Andalucía que contiene una disposición adicional idéntica. Se trata de una cláusula que vincula el reparto de inversiones del Estado al peso de la población. La cláusula catalana (similar a la andaluza) fue declarada constitucional, ya que según el alto tribunal no vincula al Gobierno a la hora de elaborar su presupuesto. Sin embargo, por lo pronto, el grupo popular valenciano ya ha sido informado de que existe un informe del Ministerio de Hacienda contrario a la toma en consideración de la reforma estatutaria.

Así las cosas, Fabra habló ayer en Gandia con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, del asunto. Fuentes de Presidencia indicaron que hay margen para negociar hasta el martes, fecha en la que se reunirá el grupo popular y fijará posición. Sea cual sea la respuesta del PP, los populares valencianos mantienen que irán a Madrid. La defensa correrá a cargo del síndic popular, Jorge Bellver, quien ya tiene billete para la capital. La tesis que mantiene Presidencia de la Generalitat es que se debe pelear. Con todo, ayer el Consell se ponía ya la venda ante un posible fracaso en la negociación y se rebajaba el valor de la cláusula inversora. "Tiene sobre todo un valor simbólico", apuntaban fuentes de la Generalitat. "Lo importante son los presupuestos generales del Estado y el cambio en el modelo de financiación", indicaron la citadas fuentes que trataban de restar importancia a esta reforma estatutaria.

Hoy Fabra se verá en Gandia con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, a quien tratará de convencer de que levante el veto.