El PSPV-PSOE ha firmado un convenio con la Plataforma de Afectados por la Subsidiación de Préstamos Hipotecarios por el que ofrecerá asesoramiento jurídico a quienes los 50.000 afectados en la Comunitat Valenciana a través de los medios disponibles por el partido en las tres provincias. El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha sido el encargado de firmar este convenio y ha denunciado que estas familias «sufren una doble injusticia ya que confiaron en el Consell y en el Gobierno de España».

Para el responsable socialista, a estas personas «les ha fallado el Consell, ya que todavía les debe 250 millones, y les ha fallado el Gobierno de España al quitarles las ayudas mensuales para pagar las hipotecas».

Por ello, el PSPV ofrecerá asistencia jurídica para que «las personas que quieran poner las reclamaciones y acciones judiciales posteriores puedan hacerlo», al tiempo critica «la dificultad» que supone la Ley de Tasas del PP, ya que «minusvalora los derechos objetivos de los ciudadanos para acudir a la Justicia».

Puig ha avanzado que esta mañana el PSOE presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación de subsidiación de préstamos hipotecarios porque, denuncia, «se produce una retroactividad y se cambian las reglas de juego a mitad de partido». Puig recuerda que en la Comunitat Valenciana son más de 50.000 las familias afectadas y más de 300.000 en España, «a las que no se les puede dejar en la cuneta, en una situación de indefensión».

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Afectados por la Subsidiación de Préstamos Hipotecarios en la Comunitat, Manuel Garcés, expresó su «doble agradecimiento» a los socialistas por el convenio firmado ayer y por la presentación del recurso de inconstitucionalidad, según explica el PSPV en un comunicado.

Garcés ha advertido de que «hay muchas familias que lo están pasando mal» ya que está ayuda puede significar entre 90 y 200 euros más al mes que tienen que afrontar, y ha destacado que la aplicación retroactiva de esta medida «vulnera el principio de seguridad jurídica».