Un total de 141 jóvenes se han quedado sin la ayuda al alquiler, conocida como renta básica de emancipación que concede el Ministerio de Fomento, porque la Conselleria de Territorio envió fuera de plaza las solicitudes, según denuncia la diputada socialista en las Corts, Maria José Salvador.
La renta básica de emancipación se implantó en 2007 por el gobierno socialista y, hasta el año pasado, permitía a los jóvenes recibir una ayuda mensual durante un periodo máximo de 48 meses, que se podía disfrutar de forma interrumpida hasta que se cumplían los 30 años, además de un pago único de ayuda al aval y un préstamo reintegrable de ayuda a la fianza. Un decreto del Ministerio de Fomento de julio de 2013, ya en la etapa popular, eliminó la concesión de estas ayudas, aunque las mantuvo para quien ya las estuviera disfrutando, pero con una menor cuantía.
El problema ha surgido, según denuncia la diputada socialista Maria José Salvador, "cuando debido al expediente de regulación de empleo (ERE) del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) se despidió a los informáticos que controlaban el programa que comparte la información con el Ministerio de Fomento, según reconoce la Conselleria de Territorio". Debido a estos despidos, según ha podido saber la diputada socialista responsable de Vivienda, "se enviaron tarde 141 expedientes de 141 valencianos que cumplían los requisitos para obtener la renta básica de emancipación". Y se enviaron tarde porque, según Salvador, "se remitieron con fecha posterior a la entrada en vigor del real decreto del 13 de julio y, por tanto estos 141 jóvenes no tendrían derecho a percibir la ayuda pese a haberla presentado en tiempo y forma en el registro de la Conselleria de Territorio".
De hecho, según la información que ha podido recopilar la diputada socialista, "con fecha de 27 de septiembre de 2012 la Conselleria de Territorio realizó un envió de expedientes al ministerio, de los cuales 141 tenían fecha de resolución anterior al 14 de julio de 2012, según la información facilitada por la conselleria".
Para intentar arreglar este desaguisado, el director general de Vivienda, Vicente Dómine, dirigió un escrito al Ministerio de Fomento en el que, añade Maria José Salvador, "explicaba lo sucedido y solicitaba la admisión de los expedientes y el consiguiente abono de la renta básica de emancipación a los 141 jóvenes afectados por el olvido de la Generalitat".
El intento no ha servido de nada. Según una respuesta de la consellera de Territorio, Isabel Bonig, a la diputada Maria José Salvador, "el Ministerio de Fomento ha informado al director general de Vivienda que los expedientes remitidos fuera de plazo se encuentran afectados por el incumplimiento de los requisitos legales sobrevenidos, por lo que es imposible reconocer a los interesados el derecho al cobro de las ayudas". Bonig añade en la respuesta a la diputada socialista que "el ministerio aduce que el real decreto del 13 de julio (el que suprime la renta básica de emancipación) tiene rango de ley y no puede ser modificado por el acto administrativo discrecional que supondría considerar los motivos de "fuerza mayor" alegados por la dirección general de Vivienda". "Sea como sea -concluye la diputada socialista Maria José Salvador- estos 141 jóvenes se van a quedar sin la ayuda que pidieron en plazo por la incompetencia de la Generalitat".
