Hoy es el día en que la cadena humana por la lengua y el derecho a decidir se debería celebrar en Vinaròs, pero no será hasta las 10 de la mañana cuando sus convocantes, Acció Cultural del País Valencia, sabrán si está autorizada. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia celebró una vista entre el Gobierno y la entidad cultural para abordar el recurso de ACPV a la prohibición de la marcha el pasado lunes. Tras las alegaciones y cuando todo parecía que estaba visto para sentencia, la Abogacía del Estado reclamó a los convocantes el acuerdo de su junta de Gobierno que legitimara el proceso, movimiento que obligó a los jueces del tribunal a paralizar su decisión hasta esta mañana. Y eso que Acció Cultural solicitó el permiso el 12 de agosto.

Tras conocer el lunes que el Gobierno prohibía la cadena humana por motivos de seguridad, ACPV presentó ayer a través de su abogada un recurso en el TSJ. Dos horas después eran convocadas las partes en la sala de lo contencioso-administrativo número 1. Cinco magistrados, presididos por Mariano Ferrando, escucharon los argumentos de las partes: ACPV, la abogada del Estado y el fiscal. La vista fue bilingüe, ya que el presidente permitió a la letrada explicarse en la lengua cooficial.

La letrada de ACPV defendió el derecho de manifestación y que el permiso para la marcha se había solicitado el 12 de agosto, por lo que le llamaba la atención que se hubiera prohibido la cadena 48 horas antes de celebrarse. La letrada argumentó que, aunque la N-340 a su paso por Vinaròs esté abierta al tráfico, en Cataluña estará cerrada, lo que impedirá la circulación ya que los "mossos d'esquadra" sí que han autorizado la cadena independentista. Por último, defendió que habían llegado a proponer que la marcha concurriera por el arcén para generar las mínimas molestias posibles.

El fiscal secundó las tesis de la Delegación del Gobierno y aseguró que la cadena debería prohibirse por motivos de seguridad, basándose en el informe de la Guardia Civil y en otro de la policía local de Vinaròs, municipio gobernado por el PP.

La abogada del Estado también mantuvo las tesis del Gobierno, algo habitual puesto que depende de él orgánicamente. La funcionaria se amparó en un argumento burocrático para frenar el proceso y que dejó descolocada a la letrada de ACPV. Aseguró que como ACPV es una entidad jurídica, su representante legal tendría que haber recibido poderes de la junta o del presidente para presentar el recurso. Los magistrados aplazaron la vista a hoy al no estar disponible este documento.

Fuentes de Acció Cultural explicaron ayer a Levante-EMV que hoy entregarían el acuerdo de la junta en el TSJ y se mostraron confiados en que el tribunal autorizará la cadena humana. Desde ACPV agradecieron a la sala la "celeridad y el interés" en abordar el recurso presentado. "La prohibición podría significar un peligroso precedente para cualquier futura convocatoria en un contexto de creciente conflictividad social y de agresiones a nuestra lengua y cultura por parte de un Gobierno español que hace una interpretación cada vez más restrictiva de los derechos fundamentales", añadió Gisbert.

Cadena, aunque no se autorice

Mientras el TSJ decide si revoca o no la prohibición del Gobierno, desde la Asamblea Nacional Catalana y Esquerra Republicana del País Valencia aseguraron que acudirán esta tarde a las 17:07 horas a la frontera administrativa con Cataluña para unir la cadena humana valenciana con la catalana.

Desde el PSPV, Compromís y EUPV criticaron la prohibición de la cadena y lo consideraron "una operación de distracción" por parte del PP y una manera de sacar votos "con en anticatalanismo". Desde el PP anunciaron una proposición no de ley en las Corts y mociones en ayuntamientos para defender "a ultranza" las señas de identidad valencianas.