El informe de la comandancia de la Guardia Civil de Castelló que ha justificado la delegación del Gobierno para prohibir la cadena humana por la lengua y el derecho a decidir de Acció Cultural del País Valencia incorpora una novedosa argumentación sobre la limitación del derecho de manifestación y que podría ser un precedente para otras marchas celebradas en la Comunitat Valenciana: los motivos económicos. El documento al que ha tenido acceso este periódico defiende que la marcha y los desvíos de tráfico que permitieran su seguridad "provocarían graves daños económicos a los propietarios de las fincas, restaurantes, comercios, industrias y molestias injustificables a los usuarios establecidos a los largo de ese vial, lo que sin duda podría provocar que las personas afectadas adoptaran una actitud hostil hacia los manifestantes de la cadena humana y provocar alteraciones del orden público". Esta argumentación es calcada a las quejas que han venido planteando los comerciantes de Valencia por el gran número de manifestaciones que circulan por el centro de la ciudad, lo que les hace perder millones de euros todos los años. En caso de que la policía nacional aplicara este criterio y la delegación del Gobierno lo asumiera, como ha pasado en Vinaròs, podría motivar la suspensión de cientos de protestas. Cabe recordar que la delegación del Gobierno ha auspiciado contactos entre los sindicatos y los comerciantes para limar asperezas por las concentraciones y manifestaciones que se multiplicaron con la crisis. Un argumento como el de la Guardia Civil podría abrir cientos de conflictos judiciales.s. pitarchvalencia
